En el presente análisis examinamos la Resolución n.º 657/2026, de 16 de septiembre de 2026, de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (en adelante, TARCJA), recaída en el recurso especial n.º 566/2026, interpuesto por una organización sindical contra los pliegos que rigen la licitación del contrato denominado “Servicio de mantenimiento de las instalaciones de los edificios del Hospital Regional Universitario de Málaga, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud mediante procedimiento abierto”, promovido por el Hospital Universitario Regional de Málaga. La resolución, parcialmente estimatoria, anula el anexo C del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) en su redacción inicial y ordena retrotraer las actuaciones para publicar la relación actualizada del personal subrogable, y ofrece un criterio de indudable interés práctico para los órganos de contratación que licitan servicios intensivos en mano de obra, sobre cuatro cuestiones: i) la legitimación de las organizaciones sindicales para impugnar los pliegos por defectos en la información de subrogación; ii) la naturaleza del deber que el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) impone al órgano de contratación, que es de intermediación y no de verificación material; iii) el deber de publicar la información laboral actualizada que el órgano de contratación recibe una vez iniciada la licitación, con independencia de que no responda de su veracidad; y iv) la distinción entre los costes de la subrogación y los costes salariales que integran el presupuesto base de licitación (en adelante, PBL), junto con la carga argumental que pesa sobre quien denuncia su insuficiencia.
I. Materia objeto de la resolución
La controversia resuelta por el TARCJA tiene por objeto la impugnación de los pliegos de un contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones de los edificios de un hospital del Servicio Andaluz de Salud, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con un valor estimado de 11.730.284,11 euros y sujeto a regulación armonizada. El recurso especial en materia de contratación se dirige contra dos documentos concretos: de un lado, el anexo C del PPT, que recoge la relación del personal susceptible de subrogación; de otro, la página 6 de la memoria justificativa, en la que se consignan las tablas salariales empleadas para el cálculo del PBL. La recurrente, una organización sindical, sostenía que ambos documentos contenían información errónea y desactualizada sobre la plantilla y sus retribuciones, y solicitaba la declaración de nulidad de uno y otro. Se trata, en definitiva, de determinar hasta dónde alcanza la responsabilidad del órgano de contratación respecto de la información laboral que la empresa saliente le suministra en cumplimiento del artículo 130 LCSP, y si los eventuales defectos de esa información se proyectan también sobre el cálculo del PBL.
II. Hechos fácticos relevantes
El anuncio de licitación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 29 de julio de 2026 y en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el día 31 del mismo mes, fecha en la que los pliegos se pusieron a disposición de los interesados. El anexo C del PPT incorporaba la relación del personal subrogable elaborada con los datos facilitados por la empresa que venía prestando el servicio, y la memoria justificativa, de 14 de julio de 2026, recogía el cálculo de los costes salariales del contrato.
El 18 de agosto de 2026, la organización sindical interpuso recurso especial contra los pliegos, solicitando además la suspensión del procedimiento. Sostenía, en síntesis, que el listado del anexo C incluía a dos personas, las relacionadas en los apartados 14 y 39, que no debían figurar en él, por haber sido una despedida y haber fallecido la otra con anterioridad a la publicación de la licitación; que omitía a tres trabajadores que sí formaban parte de la plantilla afectada; y que las retribuciones consignadas tanto en los pliegos como en la memoria justificativa no estaban actualizadas, por corresponderse con las percibidas durante el año 2024. A su juicio, tales deficiencias impedían a las licitadoras evaluar de forma fiable los costes laborales que debían asumir, por lo que pedía que se incorporase una relación real del personal afectado y se actualizasen sus condiciones laborales y retributivas.
El órgano de contratación se opuso íntegramente al recurso. Alegó que había cumplido el artículo 130 LCSP al requerir la información a la empleadora saliente y trasladarla a los pliegos; que su función era la de un mero intermediario entre aquella y las licitadoras, sin que le correspondiese elaborar ni comprobar la veracidad material de los datos, con invocación de la Resolución 627/2025, de 17 de octubre, del propio TARCJA, y del Informe 61/2019 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado; y que el artículo 130.5 LCSP, al reconocer al nuevo contratista acción directa contra el anterior, confirmó que la responsabilidad por la incorrección de los datos recae sobre quien los suministra. Anunció, no obstante, que requeriría a la empresa saliente para que confirmase la vigencia de los datos y que, de constatarse errores, publicaría la información actualizada. En cuanto al PBL, distinguió entre los costes derivados de la subrogación y el coste de los medios personales que el propio órgano considera necesarios para ejecutar la prestación.
III. Cuestión de debate
El debate se articula en torno a una cuestión previa y tres de fondo: i) si una organización sindical está legitimada, al amparo del artículo 48 LCSP, para impugnar los pliegos por la inexactitud de la información relativa al personal subrogable y a sus retribuciones; ii) si el artículo 130 LCSP impone al órgano de contratación un deber de verificar la exactitud material de los datos laborales que le suministra la empresa saliente, o únicamente el de requerirlos y ponerlos a disposición de los licitadores; iii) si, aun no estando obligado a verificar esa información, el órgano de contratación incurre en infracción cuando recibe durante la licitación una relación actualizada y distinta de la publicada y no la incorpora a la documentación accesible a los licitadores; y iv) si la utilización de tablas salariales supuestamente desactualizadas en la memoria justificativa determina la incorrección del PBL, y qué exigencias de fundamentación pesan sobre quien lo denuncia.
IV. Ratio decidendi
1. Cuestiones procesales previas: la legitimación sindical por la conexión con los intereses colectivos de la plantilla subrogable
El Tribunal afirma su competencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 LCSP y al Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, considera recurribles los pliegos de un contrato de servicios de valor estimado superior a cien mil euros convocado por una Administración Pública, conforme al artículo 44, apartados 1.a) y 2.a) LCSP, y aprecia la interposición en plazo según el artículo 50.1.b) LCSP, al haberse presentado el recurso el 18 de agosto frente a unos pliegos puestos a disposición el 31 de julio. La cuestión procesal de mayor interés es, sin embargo, la legitimación de la organización sindical recurrente, que el Tribunal aborda con carácter previo y resuelve en sentido favorable:
“Las cuestiones suscitadas afectan a la identificación y condiciones retributivas del personal susceptible de subrogación y, por tanto, presentan una conexión suficiente con los intereses colectivos de las personas trabajadoras cuya defensa corresponde a la organización sindical recurrente.”
El pronunciamiento merece atención por el estándar que aplica. El artículo 48 LCSP reconoce a las organizaciones sindicales una legitimación específica cuando de las actuaciones recurribles “pudiera deducirse fundadamente” que en la ejecución del contrato se incumplirán por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la prestación. El TARCJA no exige aquí ese juicio de previsión sobre un futuro incumplimiento, sino que se conforma con una “conexión suficiente” entre el objeto del recurso y los intereses colectivos que el sindicato defiende, lo que lo acerca a la cláusula general del primer inciso del precepto, referida a los intereses legítimos “individuales o colectivos”. Cuando el recurso versa sobre la información de subrogación del artículo 130 LCSP, la organización sindical está legitimada sin necesidad de acreditar un riesgo concreto de incumplimiento laboral en fase de ejecución, porque la exactitud de esos datos afecta de forma inmediata a los intereses colectivos de la plantilla.
2. El deber del artículo 130 LCSP: una función de intermediación, no de verificación material
Entrando en el fondo, el Tribunal parte del tenor del artículo 130.1 LCSP, que obliga a los servicios dependientes del órgano de contratación a facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores afectados por la subrogación que resulte necesaria para una exacta evaluación de los costes laborales, y que impone a la empresa que viniese efectuando la prestación la obligación de proporcionarla a requerimiento de aquel, con el contenido mínimo que el propio precepto enumera: convenio colectivo de aplicación, categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual y pactos en vigor. Recuerda también que el artículo 130.5 LCSP anuda a la inexactitud de esa información una consecuencia de orden privado, la acción directa del nuevo contratista contra el antiguo. Sobre esa base, delimita con nitidez el alcance del deber que pesa sobre la Administración:
“Sobre lo anterior, este Tribunal considera que el órgano de contratación debe requerir la información, a la que se refiere el artículo 130 de la LCSP, al contratista posiblemente saliente y ponerla a disposición de los licitadores, sin que corresponda al órgano de contratación asumir una función de verificación integral de la realidad laboral comunicada por la empleadora saliente de las relaciones laborales comunicadas ni garantizar originariamente la exactitud intrínseca de los datos facilitados, dado que su origen es laboral y ajeno al poder adjudicador.”
El Tribunal acoge así la tesis del órgano de contratación en su planteamiento general. El fundamento es doble. Por una parte, la información tiene su origen en la empresa empleadora, que es la única que conoce de primera mano la situación de cada contrato de trabajo, y es a ella a quien la ley impone el deber de suministrarla. Por otra, la propia obligación de subrogación suele descansar en una norma laboral, típicamente un convenio colectivo, cuya interpretación escapa a la competencia de los órganos de revisión contractual, como ilustra la Resolución 401/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que el TARCJA reproduce:
“(…) La interpretación de este precepto, así como la resolución de los litigios que puedan plantearse sobre su aplicación, queda extramuros de la competencia de este Tribunal, por la naturaleza esencialmente laboral del mismo, que supone que hayan de ser los órganos de la jurisdicción social en su caso quienes determinen si la trabajadora que solicita la subrogación reúne o no los requisitos establecidos para que se le aplique el artículo 27.3 del Convenio.”
De ahí se desprende un corolario relevante para el caso: el Tribunal no entra a decidir si las personas relacionadas en los apartados 14 y 39 debían o no figurar en el listado, ni si los tres trabajadores supuestamente omitidos tenían derecho a ser subrogados. Esas son cuestiones laborales. El órgano de contratación cumple el artículo 130 LCSP cuando requiere la información a la empleadora saliente y la traslada íntegramente a los pliegos; no responde de su exactitud intrínseca, y las controversias sobre quién tiene derecho a ser subrogado corresponden a la jurisdicción social. Hasta aquí, la resolución confirma una doctrina ya asentada, que habría conducido a la desestimación del motivo de no ser por un hecho sobrevenido.
3. El deber de publicar la información actualizada recibida durante la licitación
El elemento decisivo del caso es que el propio órgano de contratación, tras la interposición del recurso, volvió a requerir a la empresa saliente y remitió al Tribunal, el 28 de agosto de 2026, una relación actualizada con datos distintos de los publicados. El TARCJA extrae de esa circunstancia una consecuencia que el órgano de contratación no había previsto en su defensa:
“La existencia de una relación actualizada remitida durante la tramitación del recurso confirma, precisamente, que la información inicialmente publicada no coincide plenamente con la que posteriormente se considera correcta, sin que dicha discrepancia haya sido puesta todavía en conocimiento de todas las licitadoras mediante los mecanismos de publicidad exigibles. Mientras no se produzca dicha publicación, el anexo inicialmente impugnado continúa siendo el documento de referencia para la preparación de las ofertas.”
Y, a continuación, formula la regla que constituye el núcleo de la resolución, cuidando de distinguirla del deber de verificación que acaba de descartar:
“Es cierto que el órgano de contratación no está obligado a realizar una comprobación material general de todas las relaciones laborales comunicadas por la empleadora saliente. Sin embargo, una vez recibida durante la licitación información actualizada y diferente, debe ser publicada, pues la finalidad del artículo 130.1 de la LCSP consiste en que las potenciales licitadoras dispongan de los datos necesarios para evaluar los costes de la eventual subrogación. Ello no porque el órgano de contratación asuma la veracidad material de dicha información, sino porque desde el momento en que dispone de una versión más reciente de los datos laborales, su mantenimiento fuera de la documentación accesible a los licitadores compromete la finalidad informativa perseguida por el artículo 130.1 de la LCSP.”
El razonamiento es de gran finura y conviene detenerse en él. El deber del artículo 130 LCSP no se agota en el momento de la publicación de los pliegos, sino que acompaña a la licitación mientras las ofertas se están preparando. Lo que activa la obligación de publicar no es que el órgano de contratación haya comprobado que los nuevos datos son ciertos, sino el simple hecho de disponer de una versión más reciente que la publicada. La Administración sigue siendo un intermediario, pero un intermediario que no puede retener lo que recibe: si transmite a los licitadores la primera versión de la información, debe transmitirles también las sucesivas. El órgano de contratación no garantiza la exactitud de los datos de subrogación, pero sí garantiza que los licitadores conozcan la versión más actualizada de que él mismo dispone; retenerla equivale a convertir en referencia de las ofertas un documento que sabe superado.
La solución conecta directamente con el principio de igualdad de trato y con el de transparencia que proclaman los artículos 1 y 132 LCSP. Si la información actualizada solo consta en el expediente del recurso, únicamente quienes accedan a él podrían conocerla, y el resto de licitadoras prepararía su oferta sobre una base que la propia Administración considera superada. Resulta significativo, además, que el órgano de contratación hubiese anunciado en su informe que publicaría la información actualizada si constataba errores y que, pese a disponer de ella desde el 28 de agosto, no lo hubiese hecho cuando el Tribunal resolvió.
4. Costes de subrogación y costes del PBL: dos magnitudes distintas y la carga de fundamentar el motivo
El segundo motivo, referido a las tablas salariales de la memoria justificativa, corre suerte distinta. El Tribunal parte del artículo 100.2 LCSP, que exige que el PBL sea adecuado a los precios de mercado y que, en los contratos en que el coste de los salarios forme parte del precio, indique de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. Y reitera su consolidada doctrina sobre la independencia entre la plantilla actual y la plantilla de referencia del nuevo contrato:
“(…) es reiterado el criterio de este Tribunal respecto a que el cálculo de las personas trabajadoras necesarias para la ejecución de los servicios objeto del contrato no deriva del personal actual, sino de los requisitos de la prestación establecidos en los pliegos (…).”
El fundamento de esta doctrina es que el órgano de contratación no está vinculado por las contrataciones anteriores ni obligado a mantener los efectivos con los que se venía ejecutando la prestación, en virtud de los principios de eficiencia y estabilidad presupuestaria del artículo 1 LCSP y de su discrecionalidad en la configuración del objeto del contrato. El Tribunal lo explica con una observación de orden práctico:
“(…) debiendo contemplarse a los efectos de su cálculo los costes laborales del personal necesario para ejecutar la prestación conforme a lo definido en los pliegos, y no de aquel que pueda estar desempeñando sus servicios en la contrata anterior. En este sentido, una vez que opere la subrogación con la nueva entidad adjudicataria, es posible que determinadas personas trabajadoras de forma voluntaria no se subroguen con el nuevo empleador, o que éste a algunas de las subrogadas las asigne a otras funciones o que, en algunos casos, incluso proceda a prescindir de sus servicios.”
De ello se sigue que el motivo partía de una premisa errónea, la identificación entre los costes de la subrogación y los costes salariales del PBL, magnitudes que no tienen por qué coincidir. Pero el Tribunal no se detiene ahí, sino que examina la memoria justificativa y constata que tampoco era cierta la premisa fáctica de la recurrente, pues el cálculo partía del salario base y pluses del convenio para 2025 e incorporaba incrementos del 3 % para 2025, del 3,85 % para 2026, del 2,85 % para 2027 y del 3 % para 2028:
“Por tanto, no resulta cierto que como indica la recurrente que ambos cálculos parten del mismo error por no estar actualizadas, puesto que ni ambos documentos contienen las mismas cifras, ni se infiere a la vista de los cálculos que se correspondan con los costes correspondientes al año 2024. La propia documentación económica del expediente revela que las estimaciones salariales utilizadas por el órgano de contratación incorporan incrementos posteriores al ejercicio 2024, circunstancia incompatible con la tesis defendida por la recurrente.”
A ello añade un tercer argumento, que es el que dota al pronunciamiento de mayor utilidad para quien se plantee recurrir el PBL de un contrato:
“En tercer lugar, la recurrente no aporta cálculo, tabla salarial o elemento probatorio que permita identificar el error denunciado ni cuantificar su incidencia sobre el PBL. Esta insuficiencia argumental impide desvirtuar los datos expresamente consignados en la memoria justificativa y apreciar que el cálculo efectuado pueda comportar, durante la ejecución, un riesgo de incumplimiento de las obligaciones sociales o laborales respecto de las personas trabajadoras adscritas a la prestación.”
El Tribunal recuerda que el artículo 51 LCSP exige que el escrito de interposición fundamente los motivos del recurso, y que no le corresponde suplir esa carencia construyendo una argumentación que compete a la recurrente. Y cierra el motivo con una consideración que eleva aún más el listón:
“(…) aunque se aceptara a meros efectos dialécticos que no se han aplicado las tablas salariales del convenio colectivo al que se refiere la recurrente, tampoco podría deducirse automáticamente que el PBL fuera insuficiente o inadecuado.”
La enseñanza es clara: para impugnar con éxito el PBL por insuficiencia de los costes salariales no basta con afirmar que las tablas utilizadas no están actualizadas; es necesario identificar el error, cuantificar su incidencia sobre el presupuesto y demostrar que esa desviación lo hace inadecuado a los precios de mercado o compromete el cumplimiento de las obligaciones laborales en la ejecución.
V. Conclusión
La Resolución 657/2026 del TARCJA contiene criterios de utilidad práctica tanto para los órganos de contratación que licitan servicios en los que opera la subrogación del personal, singularmente los de mantenimiento, limpieza o seguridad en centros sanitarios, como para las empresas licitadoras y las organizaciones sindicales que velan por los derechos de las plantillas afectadas. Sus principales aportaciones pueden sintetizarse del siguiente modo:
i. Las organizaciones sindicales están legitimadas para impugnar los pliegos cuando el recurso versa sobre la identificación y las condiciones retributivas del personal subrogable, por la conexión suficiente de esa información con los intereses colectivos de la plantilla, sin que se les exija acreditar en ese momento un riesgo concreto de incumplimiento laboral durante la ejecución.
ii. El artículo 130 LCSP impone al órgano de contratación una función de intermediación: requerir la información a la empleadora saliente y trasladarla íntegramente a los pliegos. No le corresponde verificar la realidad laboral comunicada ni garantizar la exactitud intrínseca de los datos, cuya inexactitud se resuelve mediante la acción directa del artículo 130.5 LCSP y, en lo que atañe al derecho a la subrogación, ante la jurisdicción social.
iii. Ese deber de intermediación es, sin embargo, continuado: cuando el órgano de contratación recibe durante la licitación una versión actualizada y distinta de la información laboral, debe publicarla, no porque asuma su veracidad, sino porque mantenerla fuera de la documentación accesible a los licitadores frustra la finalidad informativa del artículo 130.1 LCSP y quiebra la igualdad de trato.
iv. La retroacción derivada de la falta de publicación de la información actualizada exige conceder un nuevo plazo suficiente no solo para presentar proposiciones, sino también para retirarlas o sustituirlas, de forma que las ofertas formuladas con los datos superados puedan ajustarse a los nuevos.
v. Los costes de la subrogación y los costes salariales del PBL son magnitudes distintas: el presupuesto se calcula sobre el personal necesario para ejecutar la prestación definida en los pliegos, no sobre la plantilla de la contrata anterior, por lo que los defectos del listado de subrogación no se trasladan automáticamente al PBL.
vi. Quien impugna el PBL por la utilización de tablas salariales desactualizadas debe aportar cálculos o elementos probatorios que identifiquen el error y cuantifiquen su incidencia; la mera afirmación genérica no basta para desvirtuar la memoria justificativa, y ni siquiera la constatación del error permitiría concluir, sin más, que el presupuesto es insuficiente.

