La suspensión obtenida por silencio en el recurso administrativo no se traslada automáticamente al proceso, y la adjudicación del contrato a un tercero no hace perder al recurso del licitador excluido su finalidad legítima

La suspensión obtenida por silencio en el recurso administrativo no se traslada automáticamente al proceso, y la adjudicación del contrato a un tercero no hace perder al recurso del licitador excluido su finalidad legítima

En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 601/2026, de 2 de octubre de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el recurso de apelación n.º 160/2026, en materia de tutela cautelar en contratación pública, suspensión de la ejecución del acto impugnado por el transcurso del plazo del artículo 117.3 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, eficacia de la resolución expresa tardía que deniega la suspensión, relación entre la tutela cautelar administrativa y la jurisdiccional, periculum in mora y ponderación de intereses en conflicto del artículo 130 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, carácter indemnizable de los perjuicios del licitador excluido, eficacia de la garantía prestada por el solicitante y posición jurídica del nuevo adjudicatario no emplazado. 

I. Materia objeto del pleito

La sentencia objeto de análisis resuelve el recurso de apelación interpuesto por una mercantil licitadora frente al auto del Tribunal de Instancia Contencioso-Administrativo de Elche, plaza n.º 2, que denegó la suspensión cautelar del acuerdo por el que un Ayuntamiento, al resolver un recurso de reposición, mantuvo su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato relativo a la prestación del servicio de patinetes eléctricos (vehículos de movilidad personal),en régimen de alquiler. 

El interés del asunto no está en la legalidad de la exclusión, sobre la que la Sala, como corresponde a la sede cautelar, no se pronuncia, sino en una cuestión de recorrido práctico para quien litiga contra decisiones de los órganos de contratación: qué ocurre con la suspensión que se produce cuando la Administración no resuelve en el plazo de un mes la solicitud de suspensión formulada en el recurso administrativo, si la suspensión se mantiene cuando se produce una resolución expresa tardía de signo contrario y si se proyecta sobre el proceso contencioso. Es, como la propia Sala admite, una cuestión controvertida. A ella se suma un escenario muy manido en la contratación pública: mientras se discute la exclusión, la Administración adjudica a un tercero y el contrato empieza a ejecutarse, de modo que el licitador excluido intenta detener una situación que, si no se suspende, tenderá a consolidarse. 

II. Hechos fácticos relevantes

La secuencia de hechos, tal como resulta de la sentencia, es la siguiente:

– 2 de agosto de 2025: el Ayuntamiento dictó el Decreto n.º 2025-4901, por el que acordó la exclusión de la mercantil del procedimiento de licitación, en el que previamente había resultado adjudicataria.

– 3 de septiembre de 2025: la mercantil interpone recurso de reposición contra el decreto y solicita expresamente la suspensión de su ejecución.

– Principios de octubre de 2025: transcurre el plazo de un mes del artículo 117.3 LPAC sin que la Administración haya dictado y notificado resolución sobre la solicitud de suspensión. La recurrente entiende producida la suspensión por silencio.

– 14 de octubre de 2025: la Junta de Gobierno Local resuelve el recurso de reposición y desestima la solicitud de suspensión. El acuerdo se notifica el 15 de octubre de 2025.

– 27 de octubre de 2025: el Ayuntamiento adjudica el contrato a un tercero y procede a su ejecución, circunstancia que la representación municipal reconoce expresamente en el proceso.

– La mercantil interpone recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario n.º 355/2025) contra la desestimación de la reposición, la ejecución del Decreto n.º 2025-4901 y la subsiguiente adjudicación, y solicita la extensión al proceso de la suspensión obtenida por silencio y, en todo caso, la adopción de la medida cautelar de suspensión. El Ayuntamiento se opone alegando que la suspensión del artículo 117.3 LPAC habría decaído con la resolución expresa, que la pronta prestación del servicio responde a un interés general prevalente y que los perjuicios de la recurrente son meramente económicos y reparables mediante indemnización.

– 3 de febrero de 2026: el Tribunal de Instancia dicta el auto n.º 18/2026, que deniega la suspensión. 

III. Cuestión de debate

El debate se centró, sustancialmente, en las siguientes cuestiones:

¿Subsiste la suspensión de la ejecución producida por el transcurso del plazo de un mes del artículo 117.3 LPAC cuando la Administración resuelve después, de forma expresa, el recurso administrativo y deniega la suspensión? ¿Se extiende esa suspensión, por sí sola, a la vía contencioso-administrativa, o debe solicitarse de nuevo ante el órgano jurisdiccional? ¿Justifica la suspensión cautelar de la exclusión de un licitador el hecho de que el contrato se haya adjudicado a un tercero y se esté ejecutando, cuando los perjuicios invocados son de naturaleza económica y el solicitante ha prestado garantía? ¿Qué peso tiene en la ponderación la existencia de un nuevo adjudicatario que no ha sido oído ni emplazado?

IV. Ratio decidendi

La Sala desestima el recurso de apelación y confirma el auto recurrido. Articula su razonamiento en los siguientes bloques argumentales.

A) El canon del enjuiciamiento cautelar: principio de prueba y prohibición de prejuzgar el fondo

La sentencia parte de la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que toma del auto de 16 de septiembre de 2022 (recurso n.º 818/2022, ECLI:ES:TS:2022:17661A), reiterando el de 19 de junio de 2019 (recurso n.º 185/2019). Según esa doctrina, la decisión cautelar exige una ponderación conjunta de criterios que descansa sobre dos pilares. El primero es probatorio y sitúa la carga en quien pide la medida:

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica.”

B) La suspensión por silencio del artículo 117.3 LPAC decae con la resolución expresa y no se proyecta automáticamente sobre el proceso

Es el núcleo de la sentencia. La Sala reconoce que la apelante aportaba un principio de prueba a su favor, pero le niega eficacia una vez recaída la resolución expresa:

“Es cierto que aporta como principio de prueba para el otorgamiento de la suspensión el hecho de que la adjudicación del contrato estuvo suspendida ante la falta de respuesta una vez solicitada la suspensión contra la decisión de exclusión de la empresa demandante; no obstante, una vez dictada la resolución denegatoria quedó levantada la suspensión.”

Y ante la insistencia de la apelante en que la suspensión administrativa seguiría vigente, responde con dos afirmaciones que conviene distinguir:

“[…] aunque ha sido objeto de controversia el tema planteado el hecho de haber dictado resolución expresa pronunciándose sobre la suspensión en el sentido negativo no la podemos ignorar, no olvidemos que incluso iniciando la vía administrativa -con suspensión tácita o expresa- sólo es válida en vía administrativa y en la judicial se debe volver a solicitar, aunque sea la prórroga de la medida.”

La primera afirmación es que la resolución expresa denegatoria, aunque tardía, levanta la suspensión producida por el silencio. La segunda, que la suspensión obtenida en vía administrativa, sea tácita o expresa, agota su eficacia en esa vía, y que en sede judicial debe pedirse de nuevo, aunque sea como prórroga.

La segunda afirmación es sólida y coherente con la naturaleza instrumental de la suspensión administrativa, que existe para preservar la eficacia del recurso administrativo y pierde su razón de ser cuando este se resuelve. Lo confirma el propio artículo 117.4 LPAC, que solo prolonga la suspensión tras agotarse la vía administrativa cuando el interesado la hubiera solicitado previamente y, al interponer el recurso contencioso, pida la suspensión del acto; en ese caso, la suspensión se mantiene hasta que el órgano judicial se pronuncie sobre la solicitud. La extensión, por tanto, no es automática ni definitiva: es un puente que evita el vacío entre ambas vías, pero que no sustituye la decisión del juez, que se adopta con los criterios del artículo 130 LJCA y no con los del artículo 117 LPAC.

La primera afirmación es más discutible, y la Sala lo reconoce al admitir que la cuestión ha sido controvertida, aunque no llega a resolverla dogmáticamente. Si la suspensión del artículo 117.3 LPAC se concibe como un acto presunto estimatorio, el artículo 24.3.a) LPAC solo permite dictar después una resolución expresa confirmatoria, y dejarla sin efecto exigiría acudir a los procedimientos de revisión. Si, en cambio, se entiende como un efecto que la ley anuda a la pendencia del recurso, se extingue cuando este se resuelve, cualquiera que sea el contenido de la resolución. La sentencia se alinea implícitamente con la segunda tesis, que es la que mejor encaja con el carácter accesorio de la suspensión respecto del recurso, pero habría ganado en solidez de haberlo dicho así en lugar de limitarse a afirmar que la resolución expresa «no la podemos ignorar». La consecuencia práctica es nítida: la Administración puede neutralizar la suspensión ganada por silencio resolviendo el recurso, aunque sea tarde, y a partir de ese momento la protección del recurrente depende del artículo 117.4 LPAC y del juez.

Queda, con todo, una cuestión que la sentencia no aborda porque no se le planteó en estos términos ni consta el dato necesario. Si el recurso contencioso y la solicitud de suspensión se hubieran presentado antes del 27 de octubre de 2025, cabría sostener que el artículo 117.4 LPAC mantenía la suspensión hasta el auto de 3 de febrero de 2026, de modo que la adjudicación al tercero se habría dictado en contra de una suspensión vigente. La objeción es evidente: el precepto exige que exista una medida cautelar al agotarse la vía administrativa, y aquí el mismo acuerdo que agotó esa vía denegó la suspensión. Pero el argumento merece ser explorado, y en todo caso deja una lección para la práctica: tras notificarse la resolución expresa, el recurso contencioso con petición de suspensión debe interponerse sin demora, invocando expresamente el artículo 117.4 LPAC y comunicándolo al órgano de contratación.

C) Periculum in mora: la ejecución del contrato por un tercero no hace perder al recurso su finalidad legítima

Descartada la vigencia de la suspensión administrativa, la Sala examina si concurre el presupuesto del artículo 130 LJCA. Con apoyo en los autos de la Sala Tercera de 8 de febrero de 2023 (recurso n.º 3/2021, ECLI:ES:TS:2023:1309A) y de 17 de enero de 2023 (recurso n.º 908/2022, ECLI:ES:TS:2023:548A), concluye que no:

“[…] no se ha acreditado que la ejecución de la concesión conlleve una situación que imposibilite o dificulte de manera notable la efectividad del fallo o, como de forma expresa señala el artículo 130 LJCA, pueda hacer perder la finalidad legítima al recurso, única perspectiva que puede analizarse en sede cautelar […]”

La razón última es que el perjuicio, aun siendo real, admite reparación por equivalente:

“[…] tampoco se advierte que una eventual sentencia estimatoria sería ineficaz por haberse producido situaciones irreparables durante la tramitación de este recurso, en todo caso sería indemnizable.”

La Sala no ignora el argumento de la garantía, que menciona expresamente a favor de la apelante:

“A su favor que ya tiene prestada la garantía sobre los posibles perjuicios a la Administración.”

Pero no le atribuye fuerza suficiente para inclinar la ponderación.

La sentencia sigue aquí una línea jurisprudencial consolidada según la cual los perjuicios de contenido económico son, en principio, reparables, y su aplicación al caso es correcta en sus propios términos. La garantía del artículo 133 LJCA sirve para paliar los perjuicios que la medida pueda causar a la Administración o a terceros, pero no crea por sí misma el periculum in mora: es una condición para adoptar la medida, no una razón para adoptarla. Por eso el tercer motivo de apelación estaba abocado al fracaso. Cuestión distinta es el coste de equiparar lo económico con lo reparable en materia contractual. El derecho del licitador indebidamente excluido es, ante todo, a que se le adjudique el contrato, y la indemnización sustitutoria exige probar, a efectos del lucro cesante, que habría resultado adjudicatario; una prueba que aquí resultaría más sencilla que de ordinario, porque la apelante ya lo había sido antes de su exclusión. Se pone así de manifiesto la debilidad de la tutela cautelar ordinaria frente a la que ofrece el recurso especial en materia de contratación, cuya interposición contra la adjudicación suspende automáticamente la tramitación del procedimiento conforme al artículo 53 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Cuando, por la naturaleza del negocio o por su valor estimado, el licitador ha de acudir a los recursos ordinarios, la ejecución del contrato por un tercero tenderá a resolverse, como aquí, en clave indemnizatoria. 

D) El nuevo adjudicatario, un interés de tercero no oído

La Sala cierra su razonamiento con un dato procesal que refuerza la desestimación:

“Además, estamos resolviendo, teniendo conocimiento que existe un nuevo adjudicatario que no ha sido oído ni consta emplazado.”

La observación es breve, pero de gran alcance. El artículo 130.2 LJCA obliga a ponderar los intereses de tercero, y pocos intereses están tan directamente comprometidos como los de quien ejecuta el contrato cuya adjudicación se pretende suspender. El adjudicatario es parte codemandada en el sentido del artículo 21.1.b) LJCA y debe ser emplazado conforme al artículo 49 LJCA. Suspender su título sin haberle oído le habría colocado en una posición de indefensión. La enseñanza práctica es clara: cuando el recurso se extiende a la adjudicación a un tercero, el recurrente debe velar por que se le emplace y por que sea oído en la pieza separada de medidas cautelares, porque su ausencia juega en contra de la suspensión.

V. Conclusión

La Sentencia n.º 601/2026 de la Sección Quinta del TSJCV, ofrece pautas de notable utilidad tanto para las Administraciones que tramitan licitaciones con recursos pendientes como para quienes defienden a licitadores excluidos. Se sustenta en las siguientes conclusiones convergentes:

i) quien solicita una medida cautelar soporta la carga de acreditar, al menos de forma indiciaria pero concreta, los daños de imposible o difícil reparación que la justifican, sin que baste una invocación genérica, y el incidente cautelar no permite prejuzgar la legalidad del acto impugnado;

ii) la suspensión producida por el transcurso del plazo del artículo 117.3 LPAC tiene carácter instrumental respecto del recurso administrativo y, a juicio de la Sala, queda levantada cuando la Administración resuelve expresamente, aunque sea tarde, denegándola; la cuestión es controvertida y la sentencia no resuelve su tensión con el artículo 24.3.a) LPAC;

iii) la suspensión obtenida en vía administrativa, tácita o expresa, no se traslada automáticamente al proceso: debe solicitarse de nuevo ante el órgano jurisdiccional;

iv) la adjudicación del contrato a un tercero y su ejecución no hacen perder al recurso su finalidad legítima cuando el perjuicio del licitador excluido es económico y, por tanto, indemnizable; 

v) la existencia de un nuevo adjudicatario que no ha sido oído ni emplazado pesa en contra de la suspensión, por lo que el recurrente que impugna la adjudicación debe asegurar su emplazamiento y su audiencia en la pieza cautelar.

Carlos Primo Giménez, abogado

El amor es la ley suprema; y donde el derecho busca justicia, Dios nos enseña a amar con misericordia.

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