El requerimiento desatendido convierte en grave la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, aunque se reduzca el exceso, pero la multa solo puede calcularse sobre los hechos recogidos en el acuerdo de incoación

El requerimiento desatendido convierte en grave la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, aunque se reduzca el exceso, pero la multa solo puede calcularse sobre los hechos recogidos en el acuerdo de incoación

En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 631/2026, de 20 de octubre de 2026, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el recurso contencioso-administrativo n.º 654/2025, en materia de potestad sancionadora en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre, ocupación por servicios de temporada en playas excediendo la superficie autorizada, tipificación de la infracción grave del artículo 90.2.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, función del requerimiento de cese como elemento del tipo, valor probatorio de las actas de los agentes de costas sin medición técnica georreferenciada, correlación entre los hechos del acuerdo de incoación y los tenidos en cuenta en la resolución sancionadora, cuantificación de la multa por metro cuadrado y día previsto en el artículo 97.1.b) de la Ley de Costas y alcance del principio de proporcionalidad frente a una sanción legalmente tasada.

I. Materia objeto del pleito

La sentencia objeto de análisis resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una mercantil adjudicataria del servicio de alquiler de sombrillas y hamacas en la playa frente a la resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar, de 18 de junio de 2025, que estimó en parte su recurso de alzada contra la sanción impuesta por el Servicio Provincial de Costas de Alicante. La infracción consistía en ocupar el dominio público marítimo-terrestre por encima de la superficie autorizada para los servicios de temporada, y la resolución de alzada había reducido la multa de 39.240 € a 26.700 €.

El asunto tiene un evidente interés práctico, y no solo para los explotadores de servicios de temporada. Los ayuntamientos costeros, titulares de las autorizaciones de esos servicios, que con frecuencia explotan mediante terceros, conviven cada verano con excesos de ocupación de sus contratistas y con los expedientes sancionadores que de ellos derivan. La sentencia aborda tres cuestiones de recorrido general: i) el papel del requerimiento de cese como elemento que transforma una ocupación leve en grave, y qué ocurre cuando ese requerimiento solo se cumple en parte; ii) el valor probatorio de las actas de los agentes de costas cuando no incorporan una medición técnica precisa; iii) y el límite que el acuerdo de incoación impone a los hechos que pueden sancionarse, singularmente relevante cuando la multa se calcula por metro cuadrado y día y cada nueva inspección añade cuantía.

II. Hechos fácticos relevantes

La secuencia de hechos, tal como resulta de la sentencia, es la siguiente:

– 16 de abril de 2019: se adjudica a la mercantil el lote OCP-2 del contrato de servicios de temporada en la playa para las temporadas 2019 a 2022, periodo posteriormente ampliado hasta 2024. Los servicios de temporada se desarrollan al amparo de la autorización otorgada por Costas al Ayuntamiento de Alicante.

– 1 de junio de 2022: el vigilante de costas, en visita de inspección a los servicios de temporada, constata un exceso de ocupación de 327 m² respecto de la superficie autorizada.

– 7 de junio de 2022: el Servicio de Costas remite un requerimiento para la inmediata retirada de las instalaciones no autorizadas, con advertencia de que, de no atenderse, se incoaría expediente sancionador por infracción grave. El requerimiento se recibe ese mismo día.

– 10 de junio de 2022: en una nueva inspección se constata que persiste un exceso de ocupación de 114,5 m².

– 12 de julio de 2022: se acuerda la incoación del expediente. El acuerdo recoge como antecedentes el acta de 1 de junio, el requerimiento de 7 de junio y el acta de 10 de junio.

– 2 de agosto de 2022: el agente medioambiental informa de que persiste un exceso de ocupación, que la resolución sancionadora cifra en 109 m² en sus antecedentes y en 108 m² en sus fundamentos.

– 20 de marzo de 2023: la Jefa del Servicio Provincial de Costas de Alicante impone una multa de 39.240 €, resultante de multiplicar 327 m² por 120 €, por la infracción grave del artículo 90.2.b) de la Ley de Costas.

– 18 de junio de 2025: la Directora General de la Costa y el Mar estima en parte el recurso de alzada. Considera que la ocupación de 1 de junio, anterior al requerimiento, constituye la infracción leve del artículo 91.a), ya prescrita, y que las ocupaciones de 10 de junio y 2 de agosto, posteriores a él, son infracción grave del artículo 90.2.b). Fija la multa en 26.700 € [(114,5 m² + 108 m²) × 120 €].

III. Cuestión de debate

El debate se centró, sustancialmente, en las siguientes cuestiones:

¿Puede la resolución sancionadora, o la que resuelve el recurso de alzada, computar para cuantificar la multa la ocupación constatada en un acta de inspección posterior al acuerdo de incoación y no recogida en él? ¿Bastan las actas de los agentes de costas, acompañadas de plano de situación y fotografías, para acreditar la superficie ocupada en exceso, o es exigible una medición técnica georreferenciada? ¿Genera indefensión la falta de práctica en el expediente de la prueba solicitada por el interesado? ¿Desatiende el requerimiento de cese, a efectos del artículo 90.2.b) de la Ley de Costas, quien reduce sustancialmente la ocupación sin llegar a eliminarla? ¿Permite el principio de proporcionalidad moderar una multa que la ley fija en una cantidad por metro cuadrado y día?

IV. Ratio decidendi

La Sala estima en parte el recurso, anula las resoluciones de 20 de marzo de 2023 y de 18 de junio de 2025 en lo relativo a la cuantía de la multa y fija la sanción en 13.740 €. Articula su razonamiento en los siguientes bloques argumentales.

A) El acuerdo de incoación delimita los hechos sancionables: la resolución no puede computar el acta de inspección posterior

Es el único motivo que prospera y el que determina la estimación parcial. La Sala constata que la Dirección General, al cuantificar la multa, incorporó una ocupación constatada cuando el procedimiento ya estaba en marcha:

“Porque, efectivamente, la Sra. directora general de la Costa y el Mar (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) tuvo en cuenta, a la hora de calcular la sanción que corresponde atribuir a esta sociedad por el desarrollo de una conducta situada en el ámbito del artículo 90.2.b) de la Ley de Costas, un acta emitida por los agentes medioambientales del servicio territorial de costas de Alicante que es posterior a la incoación del expediente sancionador. En concreto, se trata del acta de 2 de agosto de 2022.”

Y precisa cuál es la consecuencia de ello sobre el objeto del procedimiento:

“Es decir, recoge el acta de inspección efectuada en el mes de agosto de 2022. Variando, por tanto, los hechos reflejados en el acuerdo de incoación que, por el momento de su emisión, no podía mencionar esta acta.”

La Sala no extiende, sin embargo, el vicio a toda la resolución. El acuerdo de incoación sí recogía el acta de 10 de junio y el incumplimiento del requerimiento, de modo que la imputación de la infracción grave por esos hechos se mantiene en pie:

“En cambio, como en el acuerdo que da inicio a un expediente de corte sancionador frente a Conviction S.L. sí se cita, de forma expresa, el acta de inspección de 10 de junio. Así como a la transgresión del requerimiento enviado a esta sociedad (y recibido por ella el 7 de junio), con el objeto de que no continúe en la situación descrita por un acta de inspección anterior del día 1 de este mes, discrepamos de la postura jurídica por la que aboga la defensa en juicio de esta sociedad en lo que hace a la íntegra invalidez de las resoluciones que ha impugnado en la controversia.”

El vicio es, por tanto, parcial: no afecta a la declaración de responsabilidad por los hechos imputados, sino a la cuantía, que debe depurarse eliminando la parte correspondiente al acta de agosto.

La solución es correcta y responde al principio de correlación entre imputación y sanción, que la sentencia aplica sin citar los preceptos que lo sustentan. El artículo 64.2.b) de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige que el acuerdo de iniciación contenga los hechos que motivan la incoación; el artículo 89.3 de esa ley obliga a fijar en la propuesta de resolución los hechos que se consideren probados; y el artículo 90.2 impide aceptar en la resolución hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. La sentencia toma como parámetro el acuerdo de incoación, pero en rigor el límite legal no es este, cuya delimitación de los hechos es provisional y queda a resultas de la instrucción, sino los hechos fijados en el curso del procedimiento y, en particular, en la propuesta de resolución sometida a audiencia. Y el acta de agosto no era ajena al expediente: la propia resolución de 2023 la recoge entre sus antecedentes y la invoca como prueba.

Aun así, el resultado se sostiene, y su mejor fundamento está en la estructura del tipo sancionador. Cuando la multa se calcula por metro cuadrado y día, la ocupación de un día distinto no es un dato más sobre el mismo hecho, sino un hecho nuevo que añade cuantía. Incorporarlo supone ampliar el objeto del procedimiento, lo que la instrucción puede hacer, pero mediante una modificación formal de la imputación que permita al interesado alegar y proponer prueba sobre ese nuevo hecho, no deslizándolo en el cálculo final de la sanción. 

La enseñanza práctica es doble. Para la Administración, si la ocupación persiste tras la incoación, debe documentarse y trasladarse formalmente al interesado antes de la propuesta de resolución, con un nuevo trámite de alegaciones. Para la defensa, conviene cotejar día a día y metro a metro los hechos del acuerdo de incoación, los de la propuesta y los de la resolución, porque cualquier hecho añadido sin audiencia es un vicio con traducción económica directa.

B) Las actas de los agentes de costas: suficiencia probatoria sin medición georreferenciada

El argumento central de la demanda era que las actas carecían de una medición técnica precisa y de información georreferenciada, de modo que la medición se habría hecho, en palabras de la propia recurrente, “a ojo”. La Sala lo rechaza con un razonamiento apegado al contenido concreto de las actas:

“Y es que en él aparece que tanto el acta de 1 de junio de 2022 como la efectuada el día 10 de este mes y año contienen un detalle fáctico más que suficiente como para asegurar que, en la realidad de las cosas, la empresa concesionaria del servicio de “alquiler turístico en la playa de Tabarca, sombrillas y tumbonas” […], no se atuvo a los límites de ocupación previstos en el título público que le concedía el despliegue de esta actividad de sombrillas y tumbonas.”

Y sitúa la carga de desvirtuarla en quien niega los hechos:

“Sin embargo, esta parte procesal no ha aportado los medios acreditativos que justifiquen bien que no existió exceso de ocupación; o bien que el exceso documentado por los agentes medioambientales discrepa del existente, en la realidad de las cosas, en el marco de la concesión que se le adjudicó el 16 de abril de 2019.”

De ahí deriva también, en una frase, el rechazo de la indefensión alegada por la denegación de prueba en vía administrativa:

“Sin que haya mediado ningún supuesto de pérdida de derechos de contradicción y defensa por la falta de práctica de los medios de prueba que pidió en el seno de ese expediente.”

La Sala aplica, sin mencionarlo, el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, conforme al cual los documentos formalizados por funcionarios con la condición de autoridad, en los que se recojan hechos constatados por ellos y se observen los requisitos legales, hacen prueba de esos hechos salvo que se acredite lo contrario. Esta presunción no invierte la carga de probar la culpabilidad ni choca con la presunción de inocencia del artículo 53.2.b) de la misma ley: el acta es un medio de prueba de cargo y, una vez aportada prueba de cargo suficiente, corresponde al presunto infractor desvirtuarla. 

En cuanto a la indefensión, la respuesta es lacónica, pero coherente con la doctrina constitucional según la cual solo es relevante la indefensión material, no la meramente formal. La Sala subraya que la prueba de descargo pudo practicarse también en el proceso contencioso, lo que neutraliza el reproche. La lección para la práctica es clara: si la Administración deniega una prueba en el expediente, debe reproducirse la solicitud en sede judicial y practicarse allí, porque la queja por su denegación difícilmente prosperará por sí sola.

C) Tipicidad: el cumplimiento parcial del requerimiento sigue siendo desatención

Frente a la alegación de que el exceso se había reducido hasta el punto de cumplir en gran medida el requerimiento, la Sala responde que la conducta encaja exactamente en el tipo grave:

“No hay tal transgresión dado que la conducta puesta en práctica por la demandante se ajusta, con exactitud, a las menciones señaladas en el precepto de la Ley de Costas en la que la situaron tanto el servicio provincial de Costas de Alicante como la dirección general de la Costa y el Mar […]. Se trata del artículo 90.2 b): “la ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva”.”

Lo comprueba con el acta de 10 de junio, que refleja un exceso de 114,5 m² tres días después de recibido el requerimiento, y con ello descarta también las pretensiones subsidiarias:

“Y sin que el tribunal acceda tampoco a las pretensiones subsidiarias que aparecen en el suplico del escrito de demanda. En lo que respecta a la diversa tipificación de la conducta frente a lo que fijó el servicio provincial de Costas de Alicante. Por cuanto que, como se ha expresado en el punto anterior, la misma encaja en el artículo 90.2.b) de la Ley de Costas.”

La Ley de Costas gradúa la misma conducta material, la ocupación sin título, en función de un único elemento: la existencia de un requerimiento expreso de cese que se desatiende. Sin él, la ocupación es la infracción leve residual del artículo 91.a); con él, es grave. El requerimiento opera, por tanto, como elemento del tipo, y por eso la Dirección General acertó al escindir los hechos: la ocupación de 1 de junio, anterior al requerimiento, quedó como leve y prescrita, y la de 10 de junio, posterior, como grave. El argumento de la recurrente, según el cual reducir el exceso de 327 m² a una cifra muy inferior equivalía a cumplir en gran medida el requerimiento, no podía prosperar. El requerimiento ordenaba la inmediata retirada de las instalaciones no autorizadas, y el tipo no admite grados de cumplimiento: lo que permanece es persistencia en la conducta abusiva. El cumplimiento parcial no es irrelevante, pero su sede natural es la cuantía y no la tipificación. La propia ley lo premia, porque la multa se calcula sobre la superficie que subsiste, y de hecho la base de cálculo pasa de 327 m² a 114,5 m².

D) Cuantía y proporcionalidad: una multa legalmente tasada por metro cuadrado y día

Como consecuencia del primer bloque argumental, la Sala recalcula la sanción excluyendo la ocupación constatada en agosto:

“En función de lo expresado en el punto primero de los que contiene este fundamento de derecho, la Sala reduce hasta un total de 13.740 € la sanción que corresponde atribuir a la demandante. Que es el que resulta de efectuar esta operación: 114,5m2 de exceso de ocupación x 120 = 13.740 €.”

El artículo 97.1.b) de la Ley de Costas no establece una horquilla, sino una sanción tasada: 120 € por metro cuadrado y día. Cuando la ley fija la multa mediante una fórmula, los criterios de graduación del artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, apenas tienen espacio, porque la proporcionalidad ya está incorporada a la propia fórmula, que escala el importe según la extensión de la ocupación y su duración. Merece atención, además, el componente temporal. Tanto la Administración como la Sala computan únicamente los días en que consta acta de inspección, y no el periodo continuado entre inspecciones, lo que es coherente con la presunción de inocencia: la persistencia entre una visita y otra no se presume. Ello produce una consecuencia llamativa: el importe de la multa depende de la frecuencia con que se inspeccione. 

V. Conclusión

La Sentencia n.º 631/2026 de la Sección Quinta del TSJCV ofrece pautas de utilidad tanto para la Administración que instruye expedientes sancionadores por ocupación del dominio público marítimo-terrestre como para los explotadores de servicios de temporada y los ayuntamientos titulares de las autorizaciones. Se sustenta en las siguientes conclusiones convergentes:

i) la resolución sancionadora, y la que resuelve el recurso de alzada, no pueden computar para cuantificar la multa hechos constatados en actas posteriores al acuerdo de incoación que no hayan sido incorporados a la imputación; el vicio es parcial y afecta a la cuantía, no a la declaración de responsabilidad por los hechos debidamente imputados;

ii) las actas de los agentes de costas acompañadas de plano de situación y fotografías constituyen prueba de cargo suficiente de la superficie ocupada en exceso, sin que sea exigible una medición técnica georreferenciada, y corresponde al expedientado desvirtuarlas con una medición alternativa;

iii) la falta de práctica en el expediente de la prueba solicitada no genera indefensión material cuando el interesado pudo proponerla y practicarla en el proceso contencioso-administrativo;

iv) el requerimiento expreso de cese es el elemento que convierte la ocupación sin título en infracción grave del artículo 90.2.b) de la Ley de Costas: la ocupación anterior a él es leve, y la que persiste después, aunque se haya reducido sustancialmente, es grave; el cumplimiento parcial solo repercute en la cuantía, a través de la superficie que se computa;

v) la multa del artículo 97.1.b) de la Ley de Costas, tasada en 120 € por metro cuadrado y día, deja escaso margen al principio de proporcionalidad: su importe depende de la superficie y de los días acreditados e imputados, y no de una graduación discrecional.

Carlos Primo Giménez, abogado

El amor es la ley suprema; y donde el derecho busca justicia, Dios nos enseña a amar con misericordia.

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