Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1189/2026 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda), de fecha 26 de octubre de 2026, sobre el alcance de la causa de inadmisión de las solicitudes de revisión de actos nulos de pleno derecho consistente en haberse desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, la posibilidad de que el tribunal resuelva directamente sobre la nulidad indebidamente inadmitida y la inaplicabilidad de la causa de nulidad de los actos por los que se adquieren facultades o derechos a los actos tributarios de gravamen, a la luz de los artículos 217.1.f) y 217.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de los artículos 47.1.f) y 106.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del artículo 103.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del artículo 93.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Materia objeto del pleito
La sentencia resuelve el recurso de casación n.º 2441/2024, interpuesto por una sociedad constructora contra la sentencia n.º 95/2024, de 2 de febrero, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. Esta había desestimado el recurso de apelación n.º 256/2023 y confirmado la sentencia n.º 56/2023, de 13 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Salamanca, que a su vez desestimó el recurso n.º 32/2022.
El objeto del litigio es el acuerdo plenario de 3 de enero de 2022, que desestimó la reposición contra otro anterior, de 25 de octubre de 2021, por el que se inadmitió a trámite la solicitud de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho dirigida contra el Decreto de la Alcaldía 2019-0124, de 1 de agosto de 2019. Este Decreto había denegado a la constructora la práctica de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La inadmisión se fundó en el último inciso de los artículos 106.3 de la Ley 39/2015 y 217.3 de la Ley General Tributaria: haberse desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Las dos instancias respaldaron ese criterio, apoyándose esencialmente en la reiteración de peticiones de la interesada y en la firmeza de las resoluciones que no había recurrido.
El Auto de la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 19 de marzo de 2025, apreció interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en la siguiente cuestión: determinar si la causa de inadmisión de la solicitud de iniciar el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, prevista en el artículo 217.3 de la Ley General Tributaria, «por haberse desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales», concurre cuando se haya inadmitido a trámite un recurso ordinario extemporáneo del mismo obligado tributario, sin que se haya emitido resolución sobre el fondo; o si, por el contrario, las solicitudes sustancialmente iguales han de referirse a cuestiones que hayan sido resueltas en cuanto al fondo y, además, a solicitudes sobre otras obligaciones tributarias del mismo o de otros obligados tributarios diferentes. El interés casacional se apreció por la vía del artículo 88.2.a) de la Ley de la Jurisdicción, al existir criterios interpretativos divergentes entre órganos judiciales sobre el mismo precepto.
II. Hechos fácticos relevantes
El 20 de septiembre de 2007, obtenida la licencia para construir doce viviendas, la constructora presentó la autoliquidación provisional del ICIO al inicio de las obras e ingresó 45.105,26 euros, conforme al artículo 103.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Once años después, el 26 de octubre de 2018, tras haber construido únicamente dos de las doce viviendas proyectadas, solicitó al Ayuntamiento que practicara la liquidación definitiva del impuesto, al amparo del segundo párrafo del mismo precepto, con el propósito de ajustar la base imponible al coste real de lo ejecutado y recuperar el exceso ingresado. Por Decreto 2019-0124, de 1 de agosto de 2019, la Alcaldía desestimó la solicitud, al entender que había prescrito el derecho a la devolución de ingresos indebidos realizados en 2007. Es decir, el Ayuntamiento recalificó como solicitud extemporánea de devolución lo que la contribuyente había planteado como petición de liquidación definitiva.
El 17 de septiembre de 2019 la constructora interpuso recurso de reposición, que fue inadmitido por extemporáneo mediante Decreto 2019-0153, de 18 de octubre de 2019, sin pronunciamiento sobre el fondo. No acudió a la vía contencioso-administrativa. Siguieron nuevas instancias de liquidación definitiva, de 17 de febrero y 9 de junio de 2020, denegadas por resolución de 21 de junio de 2020, y otra más, de 9 de septiembre de 2021, inadmitida por ser reiteración de las anteriores. Ninguna de esas resoluciones fue impugnada.
El 5 de octubre de 2021 la constructora formuló, por primera y única vez, una solicitud de revisión de oficio del Decreto de 1 de agosto de 2019, con invocación del artículo 106 de la Ley 39/2015 y de la causa de nulidad del artículo 47.1.f) del mismo texto legal, relativa a los actos por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición. El Pleno la inadmitió el 25 de octubre de 2021, por entender que el acto ya había sido recurrido en reposición por la misma interesada, y desestimó la reposición el 3 de enero de 2022.
III. Cuestión de debate
La constructora sostuvo que la causa de inadmisión aplicada por el Ayuntamiento no concurría y que las sentencias de instancia habían infringido, según su escrito de preparación, los artículos 9, 24 y 120 de la Constitución y los artículos 33.2, 67, 70 y 106 de la Ley de la Jurisdicción. En su suplico pidió, además, que el Tribunal Supremo no ordenase la retroacción, sino que declarase directamente la nulidad del Decreto de 1 de agosto de 2019 y condenara al Ayuntamiento a practicar la liquidación definitiva del ICIO sobre el coste real de las obras y a devolver el exceso ingresado con intereses de demora.
El propio auto de admisión adelantó tres observaciones que anticipaban la respuesta: no se había desestimado antes ninguna solicitud de nulidad, porque lo inadmitido era una petición de liquidación definitiva y la revisión de oficio solo se había instado una vez; no había existido pronunciamiento sobre el fondo, ni administrativo ni judicial; y lo reiterado no eran «otras solicitudes», sino siempre la misma petición de liquidación. Recordó también la STS 909/2023, de 4 de julio (rec. 6486/2021), conforme a la cual la prohibición de revisión del artículo 213.3 de la Ley General Tributaria no alcanza a los supuestos en que una sentencia firme se limitó a confirmar la inadmisión de un recurso por extemporáneo, sin entrar en el fondo.
La cuestión de interés casacional quedaba así centrada en determinar si la causa de inadmisión del último inciso del artículo 217.3 de la Ley General Tributaria puede fundarse en la inadmisión previa de recursos ordinarios o en la reiteración de peticiones de distinta naturaleza, o si exige, por el contrario, previas solicitudes de nulidad sustancialmente iguales desestimadas en cuanto al fondo; y, resuelta esa cuestión, si el Tribunal Supremo debía limitarse a ordenar la tramitación del procedimiento de revisión o podía entrar directamente a examinar la concurrencia de la causa de nulidad invocada.
IV. Ratio decidendi
1. El punto de partida: cuatro causas de inadmisión autónomas y no intercambiables
La Sala comienza por descomponer el artículo 217.3 de la Ley General Tributaria, que reproduce en el ámbito tributario el artículo 106.3 de la Ley 39/2015, para situar con precisión cuál de sus supuestos había aplicado el Ayuntamiento:
“En realidad, el indicado precepto contiene cuatro causas distintas que habilitan la inadmisión de las solicitudes de declaración de nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, que son autónomas entre sí y no intercambiables.”
Las cuatro causas son la falta de firmeza del acto, la ausencia de fundamento en alguna de las causas de nulidad del apartado 1, la carencia manifiesta de fundamento y la previa desestimación en cuanto al fondo de solicitudes sustancialmente iguales. La afirmación de su autonomía no es retórica: impide que la Administración, o el tribunal que revisa su decisión, sustituya la causa efectivamente aplicada por otra que pudiera haber resultado más adecuada. El Ayuntamiento eligió la cuarta, y es esa la que debía examinarse. La Sala advierte que la elección fue claramente desacertada, por no ampararse en la previsión legal, lo que se observa con toda evidencia.
2. La finalidad de la causa: evitar procedimientos de nulidad abocados al fracaso
La interpretación del último inciso del precepto se construye a partir de su razón de ser:
“La finalidad de esa específica norma, en tanto justificadora de la inadmisión de la solicitud de nulidad radical, reside en la conveniencia de evitar la tramitación innecesaria de un procedimiento de revisión de actos nulos, por estar abocado al fracaso cuando, sobre la misma cuestión, esto es, respecto de solicitudes cursadas -lógicamente, de nulidad- sustancialmente iguales, se hubieran desestimado estas en cuanto al fondo -debe entenderse como tal la determinación acerca de la concurrencia o no de causa de nulidad de pleno derecho-, con anterioridad a la que se examina y cuya tramitación se impide.”
El pasaje contiene las dos claves de la doctrina. Las solicitudes precedentes han de ser, «lógicamente», de nulidad, y la desestimación «en cuanto al fondo» se identifica con un juicio sobre la concurrencia o no de una causa de nulidad de pleno derecho. La causa de inadmisión funciona, así, como una regla de precedente: la respuesta anterior sobre el fondo permite anticipar con certeza el resultado del nuevo expediente y justifica no tramitarlo. Una inadmisión por extemporaneidad o la denegación de una petición de liquidación no encierran juicio alguno sobre la nulidad y, por definición, no pueden cumplir esa función.
3. Los dos requisitos objetivos de la causa de inadmisión
Al margen de esas incógnitas, la Sala identifica los requisitos que, en todo caso, deben concurrir para que la Administración quede liberada del deber de tramitar y resolver la solicitud:
“a) Una precedente solicitud de nulidad de pleno derecho (que aquí no existe, ni la Corporación local recurrida la ha identificado, en caso de existir). […] b) Una resolución previa que se hubiera pronunciado sobre el fondo, en un sentido desestimatorio (que, lógicamente, tampoco existe, dado el punto anterior), reveladora de la improcedencia de seguir un expediente cuyo resultado final podría ser vaticinado con certeza. Esa resolución, como elemento objetivo, no puede ser reemplazada por la existencia de actos de otra clase.”
La última frase es la de mayor alcance práctico. La resolución desestimatoria sobre el fondo es un «elemento objetivo» que no admite equivalentes: ni la inadmisión de un recurso de reposición por extemporáneo, ni la denegación de sucesivas peticiones de liquidación, ni la inadmisión de una nueva instancia por reiterativa pueden ocupar su lugar. En el caso, la solicitud de 5 de octubre de 2021 era la primera que la constructora dirigía al Ayuntamiento para promover la nulidad radical del Decreto, y el propio expediente lo ponía de manifiesto.
4. La firmeza del acto es presupuesto de la acción de nulidad, no un obstáculo para ejercitarla
La Sala censura también el razonamiento del Tribunal Superior de Justicia, que no había interpretado el artículo 217.3 de la Ley General Tributaria, sino que había hecho descansar la inadmisión en la conducta procesal previa de la recurrente y en la firmeza de los actos que no impugnó. El argumento se desmonta desde la propia lógica de la institución:
“Es patente que, como quiera que la acción de nulidad del art. 217 LGT solo cabe frente a resoluciones firmes, pues frente a las que no lo son permanece abierta la vía de los recursos pertinentes, con libertad de denuncia de toda clase de infracciones en que se consideren incursos los actos de que se trate, entonces esa firmeza no puede erigirse en un obstáculo, por sí solo, que haga imposible su ejercicio, por ser, precisamente, el presupuesto mismo de la acción o la instancia del interesado; por ello mismo, tampoco la resolución de tales peticiones previas, aun reiteradas, por el Ayuntamiento, encierran un juicio, en modo alguno, acerca de la concurrencia de alguna de las causas de nulidad radical de las establecidas en el art. 217.1 LGT.”
El razonamiento es irreprochable. La revisión de oficio existe precisamente para los actos que han ganado firmeza; oponerle esa firmeza como causa de inadmisión equivale a vaciarla de contenido. Lo que la firmeza sí determina, como recordaba la STS 435/2020, de 18 de mayo (rec. 1665/2019), citada en el auto de admisión, es que por esta vía solo pueden hacerse valer vicios de nulidad radical y no simples motivos de anulabilidad. Pero esa es una cuestión de fondo, o a lo sumo de la causa de inadmisión por carencia manifiesta de fundamento, y no de la causa que el Ayuntamiento aplicó.
5. La doctrina casacional
Con base en lo anterior, la Sala responde a la cuestión de interés casacional en los siguientes términos:
“La causa de inadmisión de la solicitud de inicio del procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, prevista en el artículo 217.3 LGT, último inciso, consistente en haberse desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, solo concurre y puede ser válidamente apreciada cuando haya habido previas solicitudes de nulidad de pleno derecho sustancialmente iguales, presentadas y que hubieran sido desestimadas con anterioridad, en cuanto al fondo.”
“Dicho precepto, pues, no es apto como cauce apropiado para rechazar la apertura del procedimiento en casos distintos al indicado y, en particular, no procede esa inadmisión de la solicitud ex art. 217.3 LGT cuando se haya inadmitido a trámite un recurso de reposición, por extemporáneo, formalizado por el mismo obligado tributario, sin que se hubiera emitido, por ende, resolución sobre el fondo.”
La doctrina contiene una regla positiva y otra negativa. La positiva exige tres elementos acumulativos: solicitudes previas de nulidad de pleno derecho, sustancial identidad con la nueva y desestimación anterior en cuanto al fondo. La negativa excluye expresamente el supuesto del caso, la inadmisión por extemporánea de una reposición del mismo obligado tributario. La Sala califica la interpretación municipal de «extensiva» y recuerda que los límites del precepto deben ser objeto de interpretación estricta, lo que resulta coherente con su naturaleza: las causas de inadmisión a limine restringen el derecho del interesado a obtener una resolución fundada sobre su solicitud.
6. Del derecho al trámite a la resolución directa del fondo por el Tribunal Supremo
Declarada indebida la inadmisión, la consecuencia ordinaria sería reconocer el llamado derecho al trámite y ordenar al Ayuntamiento que incoase y resolviese el procedimiento de revisión. La Sala, sin embargo, recuerda que esa regla general admite excepciones:
“no sería necesario ordenar la retroacción que autoriza el art. 93.1 LJCA para que el órgano judicial de instancia examinara la concurrencia de la causa de nulidad radical invocada en su día, cuando el Tribunal Supremo, en el momento de dictar la sentencia, está en posesión de todos los elementos de juicio que se precisan para resolver la cuestión de fondo planteada.”
Para ello se apoya en la STS de 8 de abril de 2008 (rec. 711/2004), que consideró que la retroacción habría conculcado los principios de economía procesal y de tutela judicial efectiva, y en la STS de 1 de diciembre de 2020 (rec. 3857/2019), que permitió entrar directamente en la procedencia de la revisión tras una inadmisión por existencia de solicitudes sustancialmente iguales, en un supuesto vinculado al Derecho de la Unión Europea. La Sala reconoce con franqueza que el precedente de 2020 no es idéntico, pues en aquel caso la propia Administración había reconocido previamente la concurrencia de la causa de nulidad, pero aprecia semejanzas suficientes: el reenvío sería innecesario, incluso perturbador, y abriría un nuevo litigio con eventuales apelación y casación, «sin beneficio de nadie», con menoscabo del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del artículo 24.2 de la Constitución.
7. La carga alegatoria del solicitante de nulidad: la cita formal de una causa no basta
Antes de examinar la causa de nulidad, la Sala advierte que el suplico casacional eludía pedir la declaración de nulidad de pleno derecho y se centraba en obtener la liquidación definitiva y la devolución del exceso ingresado. Recuerda, con la STS de 24 de febrero de 2021 (rec. 8075/2019), los requisitos mínimos de toda solicitud de revisión:
“…que las solicitudes de revisión de oficio han de contener con claridad la invocación de una causa concreta de nulidad de las establecidas legalmente, así como los hechos en que se funda dicha causa, los fundamentos para considerar aplicable la causa de nulidad invocada y la petición concreta de iniciar el procedimiento de revisión de oficio”.
A la luz de esos requisitos, la Sala constata que la constructora se había limitado a citar el artículo 47.1.f) de la Ley 39/2015 en la solicitud administrativa, no lo mencionaba siquiera en la demanda y no lo desarrollaba en el escrito de interposición, mientras que la argumentación efectiva versaba sobre infracciones de mera legalidad. La conclusión es severa:
“Expresado de otro modo, la petición invoca formalmente la presencia de una causa de nulidad de pleno derecho, que no desarrolla, pero en realidad impugna el acto firme, indebidamente, pretendiendo hacer valer frente a él conculcaciones jurídicas que son inadecuadas para situar en ellas la anulación del acto firme.”
La falta de motivación del artículo 35 de la Ley 39/2015, la vulneración del artículo 103 de la Ley de Haciendas Locales o la infracción de la ordenanza fiscal serían, de concurrir, vicios de anulabilidad, que debieron hacerse valer mediante los recursos ordinarios que la constructora dejó pasar. La revisión de oficio, como recuerda la jurisprudencia citada en el auto de admisión, no es remedio para pretender la invalidez de actos anulables.
8. El artículo 217.1.f) LGT no alcanza a los actos tributarios de gravamen
La Sala añade un argumento material que resulta, por sí solo, decisivo. Aun prescindiendo de los defectos de alegación, la causa de nulidad invocada no podía concurrir por la propia naturaleza del acto impugnado:
“Esta causa de nulidad permite impugnar solo, por este cauce, actos que sean favorables a terceros, pero cuya nulidad beneficiaría al que la pretende y ejercita la acción correspondiente -así, el adjudicatario de un contrato, el funcionario que obtiene una plaza por concurso, etc…-. Ello porque la ley habla de actos por los que se adquieren facultades o derechos…, esto es, actos favorables y no de gravamen, como lo son, por naturaleza, los actos tributarios y, singularmente, los que aquí analizamos.”
Con apoyo en la STS de 22 de marzo de 2022 (rec. 3124/2020), precisamente referida al ICIO, la Sala recuerda que las causas de nulidad radical deben concurrir con notoriedad y evidencia, son de interpretación restrictiva y de aplicación excepcional, y que la causa del apartado f) responde al esquema clásico de la revisión de actos favorables, en una relación triangular en la que un tercero perjudicado impugna el acto que beneficia a otro. Y aplica esa doctrina al Decreto controvertido:
“Es indudable la falta de concurrencia de la causa legal establecida en el art. 217.1.f) LGT, fundada en la imposibilidad jurídica de que el acto a que se imputa ese vicio de nulidad radical -el Decreto 2019-0124, de la Alcaldía, que desestimó la solicitud del contribuyente de que le practicara la liquidación definitiva del ICIO, una vez finalizada la construcción de la obra- pudiera considerarse, de un modo que no ha sido explicado, como un acto expreso por el que se adquieren facultades o derechos de clase alguna, pues se trata de algo distinto, de la denegación de una solicitud formulada por el constructor y, por ello, no confiere, en absoluto, derechos o facultades, antes bien los niega, al conceptuarse como acto de gravamen, ajeno por lo tanto a los requisitos exigibles legalmente para integrar la referida causa de nulidad.”
La Sala no se pronuncia, ni tenía por qué hacerlo, sobre el acierto material del Decreto de 2019, es decir, sobre si el Ayuntamiento hizo bien al tratar la petición de liquidación definitiva como una solicitud prescrita de devolución de ingresos indebidos. Esa cuestión era de legalidad ordinaria y quedó cerrada con la firmeza del acto. Lo único que resuelve es que una denegación de esa naturaleza es un acto de gravamen y que, por ello, nunca puede incurrir en el vicio del artículo 217.1.f).
9. La aplicación al caso: la constructora gana la doctrina y pierde el pleito
La Sala declara haber lugar al recurso de casación y casa y anula las sentencias del Juzgado y del Tribunal Superior de Justicia, porque ambas acogieron una causa de inadmisión manifiestamente inaplicable. Pero, situada en la posición del órgano de instancia conforme al artículo 93.1 de la Ley de la Jurisdicción, desestima el recurso contencioso-administrativo n.º 32/2022, al apreciar de modo palmario que no concurre la causa de nulidad invocada. El acuerdo municipal de inadmisión se mantiene, aunque por razones distintas de las que lo fundaron, y el Decreto de 2019 conserva su firmeza.
V. Conclusión
La STS 1189/2026 delimita con precisión una causa de inadmisión que las Administraciones locales emplean con frecuencia para cerrar el paso a solicitudes de revisión de oficio que perciben como reiterativas. El Tribunal Supremo exige, para que opere el último inciso del artículo 217.3 de la Ley General Tributaria y del artículo 106.3 de la Ley 39/2015, previas solicitudes de nulidad de pleno derecho sustancialmente iguales y desestimadas en cuanto al fondo, entendido como juicio sobre la concurrencia de una causa de nulidad. Ni la inadmisión de un recurso ordinario por extemporáneo, ni la reiteración de peticiones de distinta naturaleza, ni la firmeza de los actos consentidos, que es presupuesto y no obstáculo de la acción de nulidad, pueden sustituir a esa resolución previa. Sin embargo, la sentencia no deja la puerta abierta a la recurrente: entra directamente en el fondo y declara que la causa del artículo 217.1.f) solo alcanza a los actos favorables, de modo que nunca puede invocarse frente a un acto tributario de gravamen como la denegación de una liquidación definitiva del ICIO. La constructora obtuvo la doctrina que pedía, pero perdió el pleito.
Las consecuencias prácticas son claras para los ayuntamientos. La inadmisión a limine de una solicitud de revisión de oficio debe fundarse en la causa del artículo 217.3 que realmente concurra y motivarse con rigor, porque las cuatro causas son autónomas y no intercambiables. Cuando no existan solicitudes previas de nulidad desestimadas en cuanto al fondo, la reiteración de peticiones no basta, y la vía adecuada frente a solicitudes que encubren motivos de anulabilidad o invocan causas de nulidad inaplicables, como la del apartado f) frente a actos de gravamen, es la carencia manifiesta de fundamento o, en su defecto, la tramitación del procedimiento y su desestimación con el preceptivo dictamen del órgano consultivo. Conviene recordar, además, que el tribunal puede entrar directamente en el fondo cuando dispone de todos los elementos de juicio, de modo que una inadmisión mal fundada no garantiza la retroacción, pero tampoco la condena: todo dependerá de la solidez material de la causa de nulidad invocada. Para los contribuyentes, la enseñanza es igualmente nítida. La denegación de una liquidación definitiva del ICIO, o de cualquier otro acto tributario de gravamen, debe combatirse en plazo a través de los recursos ordinarios; la revisión de oficio no es una segunda oportunidad para hacer valer infracciones de legalidad ordinaria, y exige identificar una causa de nulidad realmente aplicable y razonar su concurrencia con claridad desde la solicitud administrativa.

