En el presente análisis examinamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, con sede en Albacete, núm. 506/2026, de 28 de octubre de 2026, dictada en el procedimiento ordinario núm. 400/2022, que desestima el recurso interpuesto por una sociedad mercantil declarada en concurso de acreedores contra la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible que declaró la caducidad de su autorización de explotación de recursos de la Sección A) por no haber iniciado los trabajos en el plazo legalmente establecido.
I. Materia objeto de la resolución
El litigio tiene por objeto la Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 10 de junio de 2022, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 17 de junio de 2021, por la que se declaró la caducidad de la autorización de explotación para recursos de la Sección A), en la provincia de Ciudad Real. Frente a dicha resolución, la titular articuló una pretensión principal de nulidad de pleno derecho del procedimiento de extinción, por haberse tramitado sin comunicarle su iniciación y sin trámite de audiencia, con infracción del principio de proporcionalidad y falta de motivación; una pretensión de declaración de caducidad del propio procedimiento administrativo; y una pretensión subsidiaria de inejecutividad y suspensión de la resolución por encontrarse la sociedad en concurso de acreedores.
La controversia se sitúa en la intersección de tres bloques normativos. En primer lugar, la legislación minera, constituida por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, cuyo artículo 18.1 impone al titular la obligación de comenzar los trabajos dentro del plazo de seis meses desde la notificación del otorgamiento y cuyo artículo 83.3 configura el incumplimiento de dicha obligación como causa de caducidad, y por el Reglamento General para el Régimen de la Minería, que en su artículo 31.1 permite prorrogar ese plazo hasta un año por causa debidamente justificada y en su artículo 111.d) regula el informe previo a la declaración de caducidad. En segundo lugar, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en particular sus artículos 21.3 y 25.1.b), sobre el plazo máximo para resolver y la caducidad de los procedimientos iniciados de oficio, sus artículos 53, 76 y 82, sobre los derechos de alegación y audiencia de los interesados, y sus artículos 47.1.e) y 48.2, sobre la nulidad y la anulabilidad de los actos. En tercer lugar, el texto refundido de la Ley Concursal, cuyos artículos 142 y 143 regulan las limitaciones a las ejecuciones singulares y a los procedimientos de apremio sobre la masa activa.
II. Hechos fácticos relevantes
La mercantil recurrente fue declarada en concurso voluntario de acreedores por auto de 30 de septiembre de 2014, en el que se estableció un régimen de intervención, y no de suspensión, de sus facultades de administración y disposición. Con posterioridad a dicha declaración, el 23 de abril de 2015, la Administración minera le otorgó la autorización de explotación «San Sebastián II». Los trabajos no llegaron a iniciarse en los años siguientes y la titular no solicitó ni obtuvo prórroga alguna del plazo para su comienzo.
Conocidos los hechos susceptibles de determinar la caducidad, se emitió el informe previsto en el artículo 111.d) del Reglamento General para el Régimen de la Minería y, el 9 de abril de 2021, se dictó el acuerdo de iniciación del expediente. Sobre la base de dicho informe, la Jefa del Servicio de Minas formuló propuesta de caducidad, que fue elevada al órgano competente y dio lugar a la Resolución del Consejero de Desarrollo Sostenible de 17 de junio de 2021, notificada el 1 de julio siguiente. Durante la tramitación no se comunicó a la interesada la iniciación del procedimiento ni se le confirió trámite de audiencia, omisiones que la propia Administración reconoció al desestimar, el 10 de junio de 2022, el recurso de reposición. Ya en sede judicial, el administrador concursal presentó un escrito, el 11 de julio de 2024, en el que reconocía que sus facultades eran de mera intervención y que había sido informado del procedimiento por la propia sociedad concursada.
III. Cuestión de debate
La controversia que se somete a la Sala se articula en torno a cuatro cuestiones jurídicas, en las que pueden agruparse las pretensiones y motivos formulados en la demanda.
En primer lugar, si la omisión de la comunicación del inicio del expediente y del trámite de audiencia, admitida por la Administración, determina la nulidad de pleno derecho de la resolución por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento o, al menos, su anulabilidad por indefensión, y si a ello se añade un vicio autónomo por la falta de notificación individual al administrador concursal.
En segundo lugar, si concurría la causa material de caducidad del artículo 83.3 de la Ley de Minas o si, por el contrario, la crisis del sector de la construcción, la ausencia de mercado para los materiales y la situación concursal justificaban la inactividad, de modo que la declaración de caducidad resultaría desproporcionada e insuficientemente motivada.
En tercer lugar, si el procedimiento administrativo había caducado, al sostener la recurrente que el plazo máximo para resolver debía computarse desde el vencimiento del plazo de seis meses para iniciar los trabajos y no desde el acuerdo de iniciación.
En cuarto lugar, si la alegación relativa al concurso, no planteada en vía administrativa, incurría en desviación procesal y, en caso contrario, si la declaración de concurso impedía la ejecución de la resolución o determinaba la suspensión de sus efectos.
IV. Ratio decidendi
La Sala desestima íntegramente el recurso y confirma la declaración de caducidad, desarrollando su argumentación en torno a los siguientes ejes.
4.1. Sobre la omisión del trámite de audiencia: ni nulidad radical ni anulabilidad sin indefensión material
La Sala parte de reconocer sin ambages que la falta de comunicación del inicio del expediente y la omisión de la audiencia constituyen una infracción de las garantías procedimentales de los artículos 53, 76 y 82 LPAC. Sin embargo, rechaza que tal infracción produzca de forma automática la invalidez del acto, y fija el doble test que debe superarse para apreciarla:
«[…] Ahora bien, su concurrencia no determina por sí sola la nulidad de pleno derecho ni, tampoco, la anulabilidad del acto, sino que obliga a examinar, respectivamente, si se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y si la irregularidad ocasionó una indefensión material y efectiva.»
En cuanto al primero de esos parámetros, la Sala descarta la nulidad radical del artículo 47.1.e) LPAC tras constatar que el expediente siguió, en lo sustancial, el cauce previsto por la normativa minera: emisión y remisión del informe del artículo 111.d) del Reglamento, propuesta de caducidad de la Jefa del Servicio de Minas y resolución del órgano competente. La omisión de trámites, por relevantes que sean, no equivale a la ausencia de procedimiento:
«Existió, por tanto, una tramitación administrativa real, reconocible y ajustada en sus elementos sustanciales al cauce específicamente previsto por la normativa minera, aunque incompleta por la falta de comunicación de su inicio y por la omisión de la audiencia. Esta irregularidad no equivale a la inexistencia total de procedimiento exigida para apreciar la nulidad de pleno derecho.»
Descartada la nulidad, la Sala examina la anulabilidad del artículo 48.2 LPAC a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en los procedimientos no sancionadores, condiciona la eficacia invalidante de la omisión de la audiencia a la producción de una indefensión material y efectiva. Para ello califica previamente la naturaleza de la caducidad del título minero, que no es una sanción, sino el ejercicio de una potestad vinculada al mantenimiento de los requisitos legales para la subsistencia del derecho, e invoca la STS 98/2025, de 29 de enero (rec. 872/2022). Lo más interesante del razonamiento es el modo en que la Sala distingue el supuesto de la doctrina de la STS 884/2023, de 3 de julio (rec. 6363/2021), conforme a la cual la posibilidad de alegar en un recurso administrativo no subsana necesariamente la falta de audiencia previa, especialmente cuando la resolución se apoya en un informe determinante con hechos desconocidos por el interesado:
«Sin embargo, esa doctrina no conduce en este supuesto a la anulación del acto. En el que la caducidad se fundamentó en un hecho objetivo conocido por la propia titular, cual es la falta de iniciación de la explotación dentro del plazo legalmente establecido, hecho que la recurrente no niega. Tampoco identifica qué hechos recogidos en el informe del artículo 111.d) desconocía, qué alegaciones o pruebas relevantes se vio impedida de aportar ni en qué medida su intervención previa habría podido modificar el presupuesto fáctico determinante de la resolución.»
La omisión del trámite de audiencia en el procedimiento de caducidad de una autorización minera no determina la nulidad de pleno derecho cuando existe una tramitación real y reconocible ajustada en lo sustancial al cauce sectorial, ni la anulabilidad cuando la caducidad descansa en un hecho objetivo conocido y no negado por el titular, y este no concreta qué alegaciones o pruebas se vio privado de aportar ni cómo habrían podido alterar la decisión; la indefensión ha de ser material y efectiva, no meramente formal.
4.2. Sobre la falta de notificación individual al administrador concursal
La recurrente reprochaba, además, que no se hubiera dado intervención a la administración concursal pese a que la Administración conocía la situación de insolvencia. La Sala resuelve la cuestión atendiendo al régimen de afectación de facultades fijado en el auto de declaración del concurso, que resulta decisivo:
«Aunque la mercantil fue declarada en concurso voluntario por auto de 30 de septiembre de 2014, la resolución judicial estableció un régimen de intervención, no de suspensión, de sus facultades patrimoniales, por lo que la sociedad conservaba sus órganos de representación y sus facultades de administración y disposición, si bien su ejercicio quedaba sujeto a la intervención de la administración concursal.»
A este argumento normativo se suma un dato fáctico de notable peso: el propio administrador concursal, en su escrito de 11 de julio de 2024, admitió que sus facultades eran de mera intervención y que había tenido conocimiento del procedimiento a través de la sociedad. De ahí la conclusión de la Sala:
«La ausencia de notificación personal al administrador concursal no revela, por ello, una privación efectiva de defensa ni determina por sí sola la invalidez de la actuación administrativa.»
En un concurso con régimen de intervención, la sociedad concursada conserva su representación y sus facultades de administración, de modo que la falta de notificación individual al administrador concursal del procedimiento de caducidad no genera por sí sola invalidez, máxime cuando este tuvo conocimiento del expediente y no se acredita una privación efectiva de defensa.
4.3. Sobre la procedencia material de la caducidad: diligencia del titular, prórroga y proporcionalidad
En el examen de fondo, la Sala no adopta una lectura automática del artículo 83.3 de la Ley de Minas. Al contrario, admite expresamente que la caducidad, aun estando legalmente prevista, debe aplicarse ponderando las circunstancias del caso:
«No obstante, el carácter legalmente previsto de esta consecuencia no excluye que su aplicación deba realizarse atendiendo a las circunstancias concurrentes y de conformidad con los principios generales que rigen la actuación administrativa.»
En esa línea, invoca la STS de 25 de marzo de 2011 (rec. 5434/2006), que rechazó una aplicación del plazo de seis meses desvinculada de las circunstancias que condicionan el inicio de la actividad y exigió valorar la conducta y diligencia del titular, en particular cuando el comienzo de los trabajos depende de otras autorizaciones. Ahora bien, la Sala delimita con precisión el alcance de dicho precedente y lo distingue del caso enjuiciado:
«En el caso examinado por el Tribunal Supremo concurrían actuaciones de la titular dirigidas a hacer posible la explotación, cuya iniciación estaba condicionada por la obtención de otras autorizaciones administrativas. En cambio, en el presente asunto no se ha identificado un impedimento administrativo concreto que imposibilitara el comienzo de los trabajos ni se han acreditado actuaciones de la titular encaminadas a obtener las autorizaciones o prórrogas necesarias para iniciar la actividad.»
El elemento central del razonamiento es la distinción entre las razones que explican una decisión empresarial y las que imposibilitan objetivamente el cumplimiento de la autorización. La crisis del sector, la falta de mercado o la insolvencia pueden explicar por qué la titular decidió no explotar, pero no la eximen de la obligación asumida. Y, sobre todo, el ordenamiento minero ofrece un cauce específico para hacer valer esas circunstancias, que la titular no utilizó:
«En particular, la normativa minera contempla la posibilidad de solicitar una prórroga por causa debidamente justificada, mecanismo que permite someter a la valoración de la Administración las circunstancias que dificulten el comienzo de la explotación. La utilización de dicho cauce resulta especialmente relevante cuando el titular pretende diferir el cumplimiento de una obligación temporal expresamente establecida en la legislación sectorial.»
La Sala añade que la situación concursal no supone imposibilidad legal de desarrollar la actividad ni suspende automáticamente las obligaciones derivadas de las autorizaciones, y que la conservación del valor patrimonial de los activos no puede justificar indefinidamente el mantenimiento de un título minero inactivo, en coherencia con la STS de 6 de octubre de 2009 (rec. 1221/2007), que concibe la caducidad como instrumento para evitar derechos mineros desvinculados de su efectivo ejercicio. El juicio de proporcionalidad se resuelve, así, a partir de la entidad del incumplimiento:
«En definitiva, no nos encontramos ante un retraso puntual en el comienzo de los trabajos ni ante una demora derivada de la pendencia de autorizaciones administrativas solicitadas diligentemente, sino ante una ausencia prolongada de actividad que se extiende durante más de seis años desde el otorgamiento de la autorización, sin que conste la concesión de prórroga ni se haya acreditado una circunstancia jurídicamente relevante que impidiera el inicio de la explotación.»
Con el mismo fundamento se descarta la falta de motivación, pues la resolución identificaba la causa legal aplicada, el presupuesto fáctico y las razones por las que se consideraban insuficientes las justificaciones aducidas por la titular.
La caducidad del artículo 83.3 de la Ley de Minas no opera de forma automática y exige valorar la diligencia del titular, pero las dificultades económicas, la falta de mercado o la situación concursal no constituyen una imposibilidad objetiva de iniciar los trabajos; el titular que pretenda diferir su comienzo debe acudir a la prórroga por causa justificada del artículo 31.1 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, y su inactividad prolongada durante más de seis años sin solicitarla hace proporcionada la declaración de caducidad.
4.4. Sobre la caducidad del procedimiento: distinción entre el plazo sustantivo y el plazo procedimental
La recurrente sostenía que, vencido el 23 de octubre de 2015 el plazo de seis meses para iniciar los trabajos, el expediente de caducidad debió concluir el 23 de enero de 2016. La Sala desmonta el motivo identificando con precisión su error de base:
«El motivo no puede prosperar, por cuanto confunde el plazo establecido para el cumplimiento de la obligación de iniciar la explotación con el plazo máximo del procedimiento administrativo destinado a declarar la caducidad de la autorización.»
El plazo del artículo 83.3 de la Ley de Minas tiene naturaleza sustantiva: marca el momento a partir del cual el incumplimiento es apreciable, pero no el término del que dispone la Administración para tramitar y resolver el expediente que eventualmente se incoe:
«Dicho plazo determina el momento a partir del cual puede apreciarse el incumplimiento de la obligación impuesta al titular, pero no constituye el plazo máximo de duración del procedimiento administrativo que posteriormente se incoe para declarar la extinción de la autorización.»
Separadas ambas categorías, la Sala integra la ausencia de un plazo específico en la normativa minera con el plazo supletorio de tres meses del artículo 21.3 LPAC, cuyo cómputo, en los procedimientos de oficio, arranca del acuerdo de iniciación, y recuerda la consecuencia de su incumplimiento en los procedimientos de intervención con efectos desfavorables:
«Conforme al apartado a) de dicho precepto, en los procedimientos iniciados de oficio el plazo comienza a computarse desde la fecha del acuerdo de iniciación. Tratándose, además, de un procedimiento de intervención susceptible de producir efectos desfavorables para la interesada, el transcurso del plazo máximo sin dictar y notificar resolución expresa determinaría, en su caso, la caducidad del procedimiento, de acuerdo con el artículo 25.1.b) de la misma Ley.»
Aplicado al caso, el acuerdo de iniciación es de 9 de abril de 2021 y la resolución, de 17 de junio de 2021, se notificó el 1 de julio siguiente, dentro del plazo de tres meses. Merece destacarse, por último, la cautela con la que la Sala formula su conclusión: el mero transcurso del plazo para iniciar los trabajos no hace perder a la Administración, «por ese solo motivo», la competencia para examinar la subsistencia del título, expresión que no prejuzga la eventual relevancia de otros límites en supuestos distintos.
El plazo de seis meses del artículo 83.3 de la Ley de Minas es un plazo sustantivo para el cumplimiento de la obligación de iniciar los trabajos, no el plazo máximo del procedimiento para declarar la caducidad del título; a falta de previsión sectorial, este último es el de tres meses del artículo 21.3 LPAC, computado desde el acuerdo de iniciación, cuyo incumplimiento determinaría la caducidad del procedimiento conforme al artículo 25.1.b) LPAC.
4.5. Sobre la incidencia del concurso de acreedores: desviación procesal y ausencia de suspensión automática
La Administración demandada pidió la inadmisión de la pretensión subsidiaria por desviación procesal, al no haberse suscitado la cuestión concursal en vía administrativa. La Sala rechaza la objeción distinguiendo entre pretensiones nuevas, vedadas en el proceso, y motivos nuevos, que el artículo 56.1 LJCA permite introducir en la demanda:
«Esta objeción no puede prosperar, pues la alegación relativa a la situación concursal no modifica el acto impugnado ni introduce una controversia ajena a su objeto, sino que constituye un motivo dirigido a cuestionar los efectos de la resolución recurrida. A este respecto, el artículo 56.1 LJCA permite invocar en la demanda motivos jurídicos no planteados previamente ante la Administración.»
Entrando en el fondo, la Sala niega que el concurso paralice las potestades administrativas en materia minera, al circunscribir el ámbito de las limitaciones concursales a las actuaciones de agresión patrimonial sobre la masa activa:
«Las limitaciones establecidas en los artículos 142 y 143 del texto refundido de la Ley Concursal se refieren a las ejecuciones singulares y procedimientos de apremio sobre bienes y derechos de la masa activa, mientras que la resolución impugnada se limita a declarar la extinción de una autorización administrativa por concurrir una causa legal de caducidad.»
Y cierra el razonamiento negando que la inclusión del título en el activo concursal le confiera una suerte de inmunidad frente a la legislación sectorial:
«Tampoco la inclusión de la cantera en el activo concursal impide la aplicación de la normativa minera, pues la conservación del valor patrimonial de la sociedad no confiere un derecho incondicionado a mantener una autorización cuyo ejercicio se encuentra sujeto al cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas.»
Invocar en la demanda la situación concursal frente a la resolución impugnada no constituye desviación procesal, por tratarse de un motivo nuevo admitido por el artículo 56.1 LJCA; pero la declaración de concurso no suspende las potestades administrativas sobre la vigencia de los títulos mineros, pues las limitaciones de los artículos 142 y 143 del texto refundido de la Ley Concursal se refieren a ejecuciones singulares y apremios, y no a la declaración de extinción de una autorización por causa legal.
V. Conclusión
La STSJ de Castilla-La Mancha 506/2026 ofrece una sistematización del régimen de caducidad de las autorizaciones mineras por falta de inicio de los trabajos, en la que se entrecruzan cuestiones de Derecho minero, de procedimiento administrativo común y de Derecho concursal. Su principal valor reside en que, sin negar la existencia de vicios procedimentales reconocidos por la propia Administración, aplica con rigor la doctrina de la indefensión material y traslada el debate al terreno sustantivo: si existía o no una causa que justificara la inactividad del titular.
La sentencia confirma, en primer lugar, que la omisión de la audiencia en un procedimiento no sancionador de caducidad no conlleva la nulidad radical cuando existe una tramitación real y reconocible, ni la anulabilidad cuando el titular no concreta qué alegaciones o pruebas se vio privado de aportar frente a un hecho objetivo que no niega; y, en segundo lugar, que las dificultades económicas y la situación concursal no excusan el incumplimiento de la obligación de iniciar los trabajos cuando el titular no ha acudido al cauce de la prórroga. Asimismo, deslinda con claridad el plazo sustantivo para iniciar la explotación del plazo máximo del procedimiento de caducidad, que se computa desde el acuerdo de iniciación, y descarta que el concurso de acreedores suspenda las potestades de la Administración sobre la vigencia de los títulos habilitantes.
Desde una perspectiva práctica, la sentencia ofrece una doble lectura. Para las Administraciones, conviene no extraer de ella una relativización de las garantías procedimentales: la resolución se salvó porque el hecho determinante era objetivo y no controvertido, pero la propia Sala recuerda, con cita de la STS 884/2023, que la omisión de la audiencia sí puede invalidar el acto cuando la decisión descansa en un informe con hechos desconocidos por el interesado, por lo que lo prudente es comunicar el inicio del expediente, conferir audiencia también a la administración concursal cuando conste el concurso y resolver dentro del plazo de tres meses desde el acuerdo de iniciación. Para los titulares de autorizaciones sujetas a plazos de inicio de actividad, la resolución es una advertencia nítida: la conservación de un título como activo patrimonial, ya sea con vistas a una reactivación futura o a la transmisión de la unidad productiva en el seno de un concurso, exige solicitar a tiempo la prórroga por causa justificada y documentar las circunstancias que impiden el comienzo de los trabajos, pues la mera inactividad, por comprensibles que sean sus causas económicas, conduce a la extinción del derecho.

