La base imponible del ICIO se ciñe al coste de ejecución material también en la liquidación provisional: se descuenta la baja de adjudicación ya conocida y se excluyen íntegramente los capítulos de seguridad y salud y de control de calidad, pero no la gestión de residuos

La base imponible del ICIO se ciñe al coste de ejecución material también en la liquidación provisional

En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia n.º 504/2026, de 2 de julio de 2026, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el recurso de apelación n.º 20/2026, en materia de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y tasa por licencia urbanística, determinación de la base imponible conforme al artículo 102.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), alcance del presupuesto de ejecución material en la liquidación provisional del artículo 103.1, incidencia de la baja de adjudicación de un contrato de obras públicas conocida antes de liquidar, exclusión de las partidas de seguridad y salud y de control de calidad, inclusión de los costes de gestión de residuos de construcción y demolición, valor de los informes técnicos municipales frente a la calificación jurídica de los conceptos de la base y proyección de todo ello sobre la cuota de la tasa. 

I. Materia objeto del pleito

La sentencia objeto de análisis resuelve el recurso de apelación interpuesto por un Ayuntamiento, frente a la Sentencia n.º 364/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Valencia. Esta había estimado en parte el recurso contra la liquidación provisional del ICIO, por importe de 54.169,37 €, y la de la tasa por licencia de obras, por importe de 20.834,37 €, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 30 de octubre de 2024.

Las obras sanitarias no están comprendidas en la exención del artículo 100.2 del TRLRHL, de modo que hospitales y centros de salud tributan por el ICIO, y su liquidación tropieza de forma recurrente con la misma dificultad: el proyecto que se toma como referencia contiene capítulos que no siempre son coste material de ejecución, y entre su aprobación y la liquidación municipal suele mediar una adjudicación con baja. La sentencia aborda cuatro cuestiones de recorrido general: i) si la liquidación provisional puede girarse sobre el presupuesto de ejecución material sin depurar sus partidas; ii) si la baja de adjudicación debe trasladarse a la base cuando ya es conocida al liquidar; iii) qué tratamiento merecen los capítulos de seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos; iv) y qué valor tienen los informes técnicos municipales frente a la calificación jurídica de esos conceptos.

II. Hechos fácticos relevantes

La secuencia de hechos, tal como resulta de la sentencia, es la siguiente:

– 26 de febrero de 2024: se adjudica, con baja, el contrato de las obras. El precio de adjudicación queda fijado en 1.716.934,46 €.

– 21 de mayo de 2024: se formaliza el contrato administrativo de obras.

– 30 de octubre de 2024: la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprueba la liquidación provisional del ICIO, por 54.169,37 €, y la de la tasa por licencia de obras, por 20.834,37 €. Ambas se practican sobre el presupuesto de ejecución material, sin ajuste alguno por la baja de adjudicación. La base incluye, entre otras partidas, el Capítulo 05 “gestión de calidad” (13.675,43 €), el Capítulo 07 “seguridad y salud” (27.261,92 €) y los gastos de gestión de residuos (77.035,23 €).

– La demandante interpone recurso contencioso-administrativo, tramitado como procedimiento ordinario n.º 2/2025 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Valencia.

– 17 de diciembre de 2025: el Juzgado estima en parte el recurso. Excluye de la base la gestión de calidad y la seguridad y salud en cuanto corresponden a control y dirección, pero no en cuanto al proyecto, así como la diferencia entre el PEM licitado y el PEC resultante de la baja de adjudicación. Mantiene en la base la gestión de residuos, por comprender operaciones como el transporte vinculadas a la ejecución. Ordena recalcular la cuota del impuesto y de la tasa.

– El Ayuntamiento interpone recurso de apelación, en el que solicita la desestimación íntegra del recurso. La demandante se opone y, a su vez, impugna la sentencia en cuanto mantiene en la base parte de los gastos de seguridad y salud y de calidad, así como los de gestión de residuos.

III. Cuestión de debate

El debate se centró, sustancialmente, en las siguientes cuestiones:

¿Debe la liquidación provisional del ICIO girarse sobre el presupuesto de ejecución material tal como figura en el proyecto, o pueden y deben depurarse ya en ella las partidas que no constituyen coste material de ejecución? ¿Debe trasladarse a la base imponible la baja de adjudicación de un contrato de obras formalizado antes de aprobarse la liquidación? ¿Forman parte de la base, total o parcialmente, los capítulos de seguridad y salud y de gestión o control de calidad del presupuesto? ¿Y los costes de gestión de los residuos de construcción y demolición? ¿Vinculan al órgano judicial los informes técnicos municipales que avalan la inclusión de esas partidas, y sobre quién recae la carga de probar la base imponible? ¿Cómo se proyecta todo ello sobre la tasa por licencia de obras?

IV. Ratio decidendi

La Sala desestima el recurso de apelación del Ayuntamiento, estima en parte la impugnación de la demandante y revoca la sentencia de instancia únicamente para excluir de la base, en su totalidad, los gastos de seguridad y salud y de control y gestión de calidad, confirmándola en lo demás. Articula su razonamiento en los siguientes bloques argumentales.

A) La única base imponible es el coste de ejecución material, también en la liquidación provisional

El primer motivo del Ayuntamiento sostenía que, al tratarse de una liquidación provisional y no definitiva, la base debía fijarse en el presupuesto de ejecución material, con invocación del artículo 103 del TRLRHL y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre liquidaciones provisionales. La Sala parte del artículo 102.1 del TRLRHL y del artículo 3 de la Ordenanza fiscal, de idéntico tenor, y rechaza la identificación que propone la apelante:

“Despejado este horizonte normativo y centrándonos en lo que debe ser el contenido de la base del impuesto discutido estamos en condiciones de resolver algunos de los motivos de impugnación de la parte apelante que, en contra de lo indicado en los preceptos ya citados, trata de asimilar el contenido del presupuesto material de ejecución con la base imponible del ICIO, cuando no cabe tal identificación con el coste material de la ejecución de obra, instalaciones y construcciones que integra tal base imponible.”

Tampoco sirve a la apelante, dice la Sala, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2021 (rec. 4108/2019), que distingue la liquidación provisional de la definitiva sin apartarse por ello del concepto legal de base imponible. La Sala transcribe extensamente ese pronunciamiento, del que interesa destacar el siguiente pasaje:

“La base imponible, en realidad la única base imponible, como ya se ha dicho, es el coste de ejecución material de la construcción, instalación u obra. Sin embargo, la liquidación provisional se gira en función del presupuesto de ejecución material o bien, en función de los índice o módulos que la ordenanza fiscal establezca al efecto.”

A partir de ahí extrae la consecuencia central de la sentencia: el carácter provisional de la liquidación afecta al momento y al instrumento de cálculo, no a lo que puede integrarse en la base:

“Esos ajustes que se deben realizar a través de la liquidación definitiva pueden ser al alza o a la baja, pero en realidad siempre tienen como norte y guía los costes reales de la ejecución material de la obra, no pudiendo introducirse ni en la liquidación provisional y menos aún en la definitiva otros gastos o costes que no estén relacionados con la materialización de la obra.”

La distinción es la clave del pronunciamiento y es plenamente coherente con la estructura de los artículos 102 y 103 del TRLRHL. El artículo 102.1 define qué se grava: el coste de ejecución material, con exclusión expresa del IVA, las tasas y precios públicos, los honorarios profesionales, el beneficio empresarial del contratista y cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, ese coste. El artículo 103.1 regula con qué instrumento se cuantifica anticipadamente el impuesto: el presupuesto presentado por los interesados o los índices o módulos de la ordenanza. El presupuesto es, por tanto, un medio de determinación, no un concepto alternativo de base. Que la liquidación sea provisional no autoriza a incluir en ella lo que la ley excluye de la base, por mucho que figure en el presupuesto; y lo que no podría integrarse en la liquidación definitiva tampoco puede exigirse a cuenta.

La consecuencia práctica para los ayuntamientos es relevante. No cabe diferir la depuración del presupuesto a la comprobación final con el argumento de que la liquidación definitiva corregirá los excesos. La liquidación provisional es un acto de gravamen autónomo y susceptible de impugnación, como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2018 (rec. 3185/2017) que la propia resolución cita, y su base ha de depurarse desde el principio. Lo que la comprobación posterior debe ajustar son las desviaciones del coste material real respecto del previsto, no la inclusión de partidas ajenas a él.

B) La baja de adjudicación conocida al liquidar es un dato real que debe trasladarse a la base

La Sala confirma la exclusión de la diferencia entre el presupuesto licitado y el precio resultante de la adjudicación, y lo hace con un argumento cronológico preciso:

“El coste de adjudicación a la baja, que queda fijado en 1.716.934,46 euros, era un dato anterior y ya conocido antes a la liquidación provisional. La adjudicación a la baja es de fecha 26-2-2024 y el contrato administrativo se formaliza el 21-5-2024 con anterioridad a la aprobación de las liquidaciones practicadas sobre el PEM, pero sin ajustes, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30-10-2024.”

De ahí deriva la consecuencia jurídica:

“En este caso ya nos encontramos con un dato real que no se puede superar en cuanto a un precio derivado de un contrato vinculante que obligaba a la Administración a satisfacerlo, tratándose de esta manera de un dato real que nunca se podría desconocer; alejarse de esa realidad y aceptar su abandono supondría una quiebra del deber de adecuación al propio concepto de base imponible definido en el art. 102 del TRLHL.”

El razonamiento descansa en la cronología, y conviene no extrapolarlo más allá de ella. La Sala no afirma que la liquidación provisional deba reflejar siempre el precio de adjudicación, sino que no puede ignorarlo cuando ya es conocido al liquidar, porque en ese momento el presupuesto de licitación ha dejado de ser la mejor aproximación al coste real: lo es el precio contractualmente comprometido. Si la liquidación se gira antes de la adjudicación, el presupuesto de licitación sigue siendo un parámetro válido, y la baja posterior se regularizará en la liquidación definitiva.

La sentencia formula la exclusión como la diferencia entre el PEM licitado y el PEC resultante de la baja, y esa expresión exige una precisión técnica a la hora de ejecutarla. En la contratación pública, el presupuesto base de licitación se forma añadiendo al presupuesto de ejecución material los gastos generales y el beneficio industrial (artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), además del IVA, y la oferta del adjudicatario se formula sobre ese conjunto. Restar sin más el precio de adjudicación del PEM licitado mezclaría magnitudes heterogéneas, porque aquel incorpora conceptos que el artículo 102.1 expulsa de la base. Lo coherente con la ratio de la sentencia es aplicar al PEM el porcentaje de baja, de modo que la base sea el PEM adjudicado, depurado a su vez de las partidas excluidas.

C) Los informes técnicos municipales no vinculan en la calificación jurídica de las partidas

Los motivos segundo a cuarto del recurso de apelación invocaban la presunción de certeza de los informes técnicos municipales (artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), la doctrina de la propia Sala sobre la carga de la prueba de la base imponible (artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 105.1 de la Ley General Tributaria) y la falta de justificación por la recurrente de la cifra que debía considerarse base imponible. La Sala no los examina por separado, pero los responde con una afirmación de principio:

“No se puede aprovechar el concepto de un cálculo provisional de gastos para introducir de soslayo determinados integrantes que nada tienen que ver con los costes de realización de la obra, ni aun cuando esos gastos estén avalados por informes técnicos. Si así fuese quedaría comprometida la función jurisdiccional a la hora de definir conceptos jurídicos como lo que son costes relacionados con la materialización de la obra, diferenciándolos de los que no lo son.”

Y concluye, en coherencia con ello:

“Por tanto, el hecho de que nos encontremos con una liquidación provisional no nos debe impedir depurar su composición, desentrañando su contenido, y tratando de delimitar como contenido admisible de su base lo que son gastos reales de la ejecución de la obra, construcción o instalación, separándolos de aquellos otros que, alejados de esa realización, no debe formar parte integrante de esa base.”

La respuesta es correcta y merece subrayarse. El artículo 77.5 de la Ley 39/2015 atribuye valor probatorio a los documentos formalizados por funcionarios con la condición de autoridad respecto de los hechos constatados por ellos; no se extiende a las calificaciones jurídicas ni convierte un informe técnico en una presunción sobre qué partidas son coste de ejecución material. Que un capítulo del presupuesto sea o no coste material de la obra es una cuestión de interpretación del artículo 102.1 del TRLRHL, que corresponde en último término al órgano judicial.

Por lo mismo, el debate sobre la carga de la prueba pierde buena parte de su sentido cuando, como aquí, los importes no se discuten y figuran desglosados por capítulos en el propio presupuesto y en el contrato. No hay un hecho incierto que probar, sino unas partidas identificadas que calificar. La regla del artículo 105.1 de la Ley General Tributaria sigue siendo decisiva cuando lo controvertido es la cuantía, por ejemplo el coste real final de la obra o el valor de unos equipos incorporados, pero no cuando lo es la naturaleza jurídica de un concepto cuyo importe consta.

D) Seguridad y salud y control de calidad: exclusión íntegra, sin distinguir entre proyecto y dirección

El Juzgado había adoptado una solución intermedia: excluir los gastos de calidad y de seguridad y salud en cuanto correspondían a control y dirección, pero no en cuanto al proyecto. La Sala la rechaza y, apoyándose en sus Sentencias 811/2016, de 7 de octubre (rec. 1224/2011), y 202/2014, de 21 de mayo (rec. 9/2014), recuerda la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre el estudio de seguridad e higiene:

“[…] y la del estudio relativo a seguridad e higiene en el trabajo, pese a que, en virtud de lo prevenido en el Real Decreto 555/1986, de 21 de Diciembre ha de incluirse en los proyectos de edificación y obras, pero que, por ser gasto igualmente ajeno al estricto costo del concepto de obra civil, debe ser excluido del cálculo de la base aquí cuestionado.”

El fallo lo expresa en términos inequívocos, al revocar la sentencia apelada:

“[…] en cuanto a la consideración como gastos deducibles de parte de los gastos de seguridad y salud y de los de control y gestión de calidad, los cuales serán deducibles en su totalidad, no integrando la base imponible del ICIO, manteniéndola en todo lo demás en cuanto al resto de sus pronunciamientos.”

Para la defensa de los contratistas, la sentencia ofrece un apoyo claro para reclamar la exclusión del capítulo completo. Para los ayuntamientos, el margen de discusión se limita a las partidas de esos capítulos que, por su contenido material, pudieran calificarse como obra propiamente dicha, cuestión que la sentencia no examina porque no se le plantea y que exige un desglose pormenorizado que el Ayuntamiento no aportó.

E) Gestión de residuos: un coste indisociable de la ejecución material

La Sala rechaza, en cambio, la pretensión de la demandante de excluir los gastos de gestión de residuos:

“Sin embargo, con relación a los gastos de gestión de residuos, que importan 77.035,23 euros, son indisociables de la ejecución de la obra con relación a los materiales que se debe emplear en ella en cuanto a su tratamiento, almacenamiento y transporte de los residuos a un gestor autorizado que les dé la valorización y el destino adecuado.”

Y ancla esa conclusión en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en las obligaciones que sus artículos 2 a 5 imponen a los productores y poseedores de esos residuos.

La seguridad y salud y el control de calidad son actividades que acompañan a la ejecución; la gestión de residuos es consecuencia física de ella: la demolición, la excavación y la puesta en obra de materiales generan residuos que hay que separar, almacenar, cargar, transportar y entregar a un gestor autorizado, y esas operaciones forman parte del coste de construir. El criterio, por tanto, no es si el gasto es obligatorio, sino si constituye una operación de ejecución material. Ello confirma, además, que el criterio de incorporación y permanencia, útil para equipos e instalaciones, no agota el concepto: también son coste de ejecución material las operaciones físicas necesarias para construir, aunque nada de ellas quede en la obra.

F) Proyección sobre la tasa por licencia y pronunciamiento sobre costas

La depuración de la base se proyecta sobre la tasa por licencia, cuya cuota se calcula conforme al artículo 6, epígrafe 1.1, de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios relacionados con el otorgamiento de licencias y otras actuaciones urbanísticas y ambientales. La Sala lo resuelve de forma sintética:

“Se deberá tomar en consideración, como es obvio, los conceptos que de acuerdo con lo razonado en esta resolución integran la base imponible discutida y aquellos otros que no la conforman.”

El quinto motivo del recurso, que denunciaba la infracción de la Ordenanza de la tasa, queda así resuelto por arrastre. Cuando la ordenanza de la tasa toma como parámetro el coste de la obra, su cuota queda vinculada a las mismas reglas de depuración que la base del ICIO, y cualquier exceso en esta se reproduce en aquella. Para los ayuntamientos, depurar correctamente la base del impuesto es también la mejor protección de la tasa.

V. Conclusión

La Sentencia n.º 504/2026 de la Sección Tercera del TSJCV ofrece pautas de utilidad tanto para los ayuntamientos que liquidan el ICIO de obras públicas como para los contratistas que las ejecutan. Se sustenta en las siguientes conclusiones convergentes:

i) la única base imponible del ICIO es el coste de ejecución material del artículo 102.1 del TRLRHL; el presupuesto de ejecución material es el instrumento con el que se cuantifica la liquidación provisional, no un concepto alternativo de base, y su carácter provisional no impide depurar ya en ella las partidas que no son coste material de la obra;

ii) la calificación de una partida como coste de ejecución material es una cuestión jurídica que corresponde al órgano judicial; los informes técnicos municipales no la vinculan y, cuando los importes constan desglosados en el presupuesto, no se plantea un problema de carga de la prueba, sino de calificación;

iii) la baja de adjudicación de un contrato de obras ya formalizado cuando se aprueba la liquidación provisional es un dato real que debe trasladarse a la base, pues el precio contractualmente comprometido desplaza al presupuesto de licitación como aproximación al coste real; en ejecución, lo coherente es aplicar el porcentaje de baja sobre el PEM, y no restarle el precio de adjudicación;

iv) los capítulos de seguridad y salud y de control y gestión de calidad quedan excluidos de la base en su integridad, sin distinguir entre proyecto y dirección o control, por ser gastos ajenos al estricto coste de la obra civil;

v) los costes de gestión de los residuos de construcción y demolición integran la base imponible, porque su tratamiento, almacenamiento y transporte a gestor autorizado son operaciones indisociables de la ejecución material de la obra;

vi) la cuota de la tasa por licencia de obras debe recalcularse con arreglo a la misma base depurada cuando la ordenanza la vincula al coste de la obra.

Carlos Primo Giménez, abogado

El amor es la ley suprema; y donde el derecho busca justicia, Dios nos enseña a amar con misericordia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *