En el presente análisis jurisprudencial examinamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sección Primera, nº 1603/2025, de fecha 23 de enero de 2025, que resolvió un recurso de apelación sobre la aplicación de la institución de la caducidad en un Programa de Actuación Integrada.
I. Materia objeto del pleito
La sentencia analizada resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la desestimación del recurso contencioso-administrativo que pretendía la declaración de caducidad del Programa de Actuación Integrada de un Sector de Suelo Urbano aprobado definitivamente.
Desde una perspectiva doctrinal, el caso se enmarca en la compleja problemática de la caducidad de los instrumentos de gestión urbanística, abordando específicamente:
- La aplicación de los plazos de vigencia establecidos en los Programas de Actuación Integrada
- Los requisitos del incumplimiento culpable del agente urbanizador para la declaración de caducidad
- La protección de derechos de propietarios afectados por desarrollos urbanísticos no ejecutados
- El equilibrio entre la seguridad jurídica y la eficacia del planeamiento urbanístico
El núcleo jurídico de la controversia gravita entorno a determinar si el mero transcurso del plazo de vigencia del PAI (que venció en octubre de 2008) comporta automáticamente su caducidad, o si es necesario un incumplimiento culpable del urbanizador para proceder a su declaración.
II. Hechos fácticos relevantes
Antecedentes del programa:
- 15 de septiembre de 2003: Firma de Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la Agrupación
- 4 de agosto de 2005: Aprobación definitiva del PAI
- Plazo de vigencia: 3 años desde la publicación (hasta octubre de 2008)
Cronología procedimental relevante:
- Febrero de 2009: Presentación del Proyecto de Reparcelación (tras el vencimiento del plazo)
- 2022: Suspensión municipal de la aprobación del Proyecto de Reparcelación
- 29 de julio de 2022: Resolución municipal desestimando la solicitud de declaración de caducidad
Circunstancias sobrevenidas:
- No inicio de las obras de urbanización por causas no imputables al urbanizador
- Necesidad de aprobación previa del Proyecto de Reparcelación para la ejecución
III. Cuestión de debate
Las cuestiones jurídicas principales que se dirimen son:
- Automaticidad de la caducidad: Determinar si el vencimiento del plazo de vigencia del PAI comporta automáticamente su caducidad o se precisa de pronunciamiento administrativo expreso.
- Incumplimiento culpable: Establecer si concurre incumplimiento imputable al agente urbanizador cuando la no ejecución deriva de circunstancias ajenas.
- Protección de derechos: Ponderar los derechos de los propietarios afectados frente a la continuidad del programa urbanístico.
IV. Ratio decidendi
El Tribunal Superior de Justicia fundamenta su decisión desestimatoria del recurso de apelación en los siguientes razonamientos principales:
1. Sobre la no automaticidad de la caducidad
El TSJCV confirma su doctrina consolidada sobre la necesidad de pronunciamiento administrativo expreso para la declaración de caducidad:
«Esta Sala ha señalado con reiteración que el mero transcurso del tiempo no implica la pérdida automática de eficacia del programa, ya que se requiere un pronunciamiento expreso de la Administración»
La Sala se remite a su jurisprudencia previa (Sentencia 292/2024 y 132/2023) que interpreta el artículo 29.5 y 10 de la LRAU, estableciendo que la caducidad no opera automáticamente por el transcurso temporal, sino que había de ser apreciada y declarada por la Administración.
2. Sobre el requisito del incumplimiento culpable
El Tribunal establece como requisito esencial para la declaración de caducidad la existencia de incumplimiento culpable del urbanizador:
«Para la declaración de caducidad de los programas no bastaba el simple transcurso del tiempo a que venía vinculada su ejecución, sino que había de ser apreciada y declarada por la Administración, siendo necesario además que se apreciase que el incumplimiento de los plazos de ejecución del programa era directamente imputable al urbanizador»
3. Sobre la valoración de las circunstancias del caso
La Sala analiza las circunstancias específicas que impidieron la ejecución:
- La necesidad de aprobación previa del Proyecto de Reparcelación para iniciar las obras
- La suspensión municipal de dicha aprobación
- La ausencia de inicio del plazo de ejecución material
El Tribunal concluye que no existe incumplimiento culpable:
«No se aprecia incumplimiento culpable del agente urbanizador, sino que […] el término para la ejecución de las obras aún no ha comenzado»
4. Sobre la justificación del sistema de caducidad por incumplimiento
El TSJCV establece la lógica del sistema, vinculando la caducidad a la gravedad del incumplimiento:
«Es lógica esa exigencia para la declaración de caducidad del programa de que la inobservancia de los plazos de ejecución del mismo sea imputable al urbanizador, pues la radical consecuencia que conlleva dicha declaración de caducidad -la resolución de la adjudicación del programa- encuentra su justificación en la gravedad del incumplimiento»
V. Conclusión
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desestima el recurso de apelación, confirmando la sentencia de instancia que denegó la declaración de caducidad del PAI.
La sentencia establece los siguientes criterios jurisprudenciales:
- Principio de no automaticidad: El vencimiento de los plazos de vigencia de un PAI no comporta su caducidad automática, siendo necesario un pronunciamiento administrativo expreso.
- Requisito del incumplimiento culpable: La declaración de caducidad exige que el incumplimiento de los plazos de ejecución sea directamente imputable al urbanizador, no concurriendo cuando deriva de circunstancias ajenas a su voluntad.
- Valoración de circunstancias sobrevenidas: Deben considerarse las circunstancias que impiden la ejecución del programa, especialmente cuando derivan de actuaciones o inactividad de la propia Administración.
- Proporcionalidad de la caducidad: La radical consecuencia de la caducidad (resolución de la adjudicación) debe estar justificada por la gravedad del incumplimiento imputable al urbanizador.
- Protección del principio de planificación temporal: Se reconoce que el urbanizador asume una función pública de desarrollo planificado que debe respetar los plazos establecidos, pero siempre que las circunstancias le sean imputables.
La sentencia efectúa una aplicación equilibrada de la institución de la caducidad, evitando tanto su aplicación automática como su desnaturalización, requiriendo siempre la concurrencia de un elemento subjetivo de culpabilidad del agente urbanizador para su utilización.
Carlos Primo Giménez, abogado
El amor es la ley suprema; y donde el derecho busca justicia, Dios nos enseña a amar con misericordia.
