El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictaminará sobre la vigencia o la caducidad de la conocida como ATE (Actuación Territorial Estratégica), la herramienta urbanística aprobada por la Generalitat en 2012 y que le daba al Valencia CF numerosos beneficios urbanísticos a cambio de construir el nuevo estadio y cumplir otras condiciones en un plazo determinado. El incumplimiento de los plazos motivó que la administración declarara su caducidad de manera anticipada, pero el Valencia acudió a los tribunales para defender sus intereses.
Mientras que los argumentos utilizados por parte del ente local se basaban en los incumplimientos más que evidentes del Valencia CF, el club se escudó en el impacto de la crisis del coronavirus y en retrasos de la administración para eximirse de cualquier responsabilidad, además de señalar que alguna de las condiciones no dependían exclusivamente de él.
Conviene recordar que la ATE sirvió para recalificar los terrenos del actual Mestalla, sitos en la avenida de Aragón, para insuflarle 40.000 metros cuadrados de suelo terciario -cuya venta le serviría al club para financiar parte del macroproyecto-. Unos beneficios urbanísticos a cambio de los cuales el Valencia CF se comprometía a cumplir diferentes fases, con sus plazos perfectamente establecidos.
