La Generalitat Valenciana ha sacado a licitación su concurso para mover suelo público junto al sector privado con el objetivo de aumentar la oferta de alquiler asequible en la región. Un plan que imita al que sacó el Consell del Botànic en la pasada legislatura, que antes de abandonar el gobierno dejó ‘atado’ un segundo pliego con varios suelos municipales y un acuerdo con el Gobierno para la transferencia de fondos europeos con los que acometer este proyecto. Por tanto, esta iniciativa se sustenta en ese plan, aunque con claras diferencias: precios máximos de los alquileres más elevados y más lotes de suelos, pero con menos solares cada uno para favorecer la concurrencia.
De esta forma, se pretende generar interés por parte de los operadores privados y evitar el fracaso de las primeras ediciones del Botànic, que quedaron desiertas. Así, esta convocatoria contará con 8 lotes con 13 solares repartidos por las tres provincias valencianas por una valor total de más de 101,1 millones de euros.
Esta primera iniciativa del Consell recurre igualmente a la fórmula de la cesión del derecho de superficie a los agentes privados durante 55 años, prorrogables otros 20 más, es decir, las empresas construirán el edificio y lo explotarán durante ese periodo en régimen de alquiler asequible. Una vez finalizado el plazo, los inmuebles serán gestionados por la Administración valenciana, que en todo momento es el propietario de las viviendas, y pasarán a formar parte del parque público. Se trata de una modalidad a la que han recurrido la mayoría de Administración que han apostado por la colaboración público-privado para construir vivienda nueva.
Domina Legal, donde confluye la parte jurídica y técnica especialista en administraciones públicas, está asesorando a muchos licitadores en estos azarosos concursos.
