El equipo técnico de Domina Legal, encabezado por su Socia Directora Inmaculada Sancho, especialista en valoraciones y determinaciones de daños, participa en la elaboración de periciales de análogas características a la que es objeto de este análisis.
La suspensión de licencias aprobada por el Ayuntamiento para impedir la construcción de la residencia puede generar el derecho a la propiedad a obtener una indemnización por el daño provocado por la modificación de planeamiento que pretende aprobar.
Los promotores de la residencia proyectada en el barrio valenciano de la Saïdia han ido a los tribunales contra la suspensión de licencias aprobada por el Ayuntamiento de València el pasado mes de julio. Una moratoria que pretende impedir la construcción, en las conocidas como naves de Guala, del complejo hotelero y residencia de 575 habitaciones.
El Ayuntamiento de València aprobó en el pleno de julio la suspensión de licencias para llevar a cabo una modificación puntual del planeamiento urbanístico con el que convertir estas parcelas en dotacionales e imposibilitar así el desarrollo del proyecto, que cabe recordar, fue presentado al Ayuntamiento hace cuatro años, en 2020.
La presión de las asociaciones vecinales ha hecho que tanto el anterior gobierno (Compromís-PSPV), como el actual rechacen el proyecto y se comprometan a frenarlo. Hasta el punto de que justo hace un año, el pleno aprobó una moción para iniciar los cambios urbanísticos requeridos para ubicar dotaciones públicas donde se había proyectado la residencia.
Tras el cambio urbanístico, el consistorio deberá expropiar los terrenos, indemnización mediante que, si se alcanzara un acuerdo entre Ayuntamiento y propiedad, podría ejecutarse con una permuta de suelo para evitar un desembolso de las arcas municipales. Ya cuando anunció el recurso, la firma ya advertía de que la modificación de planeamiento debería «ir acompañada de una previsión presupuestaria para indemnizar las pérdidas y perjuicios, así como el coste evidente por la expropiación de derechos que ello implica, en detrimento evidente de las arcas públicas por el alto coste que le va a suponer tal decisión«.
