Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo 3777/2025 (Sección Tercera), de fecha 14 de julio de 2025, en materia de devengo de intereses por subvenciones de financiación educativa establecidas por norma con rango de ley.
I. Materia objeto del pleito
La sentencia analizada resuelve un recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de 27 de diciembre de 2021, dictada por la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que reconoció el derecho del Ayuntamiento de Torredembarra a percibir 425€ por alumno y curso en guarderías municipales durante los cursos 2014-2015 a 2017-2018, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación.
El núcleo de la controversia se centra en determinar si procede el abono de intereses de demora en favor del beneficiario de una subvención establecida por norma con rango de ley desde la fecha de su solicitud, atendiendo a la inexistencia inicial de una cantidad vencida, líquida y exigible hasta el reconocimiento legal posterior.
II. Hechos fácticos relevantes
- Obligación de financiación: La Generalitat tenía obligación legal de financiar las guarderías municipales según normativa educativa catalana.
- Interrupción de financiación: En 2012 la Administración dejó de abonar las cantidades correspondientes, fundamentándose en criterios de suficiencia presupuestaria.
- Acuerdo gubernamental restrictivo: El Acuerdo del Gobierno de Cataluña GOV/63/2013 de 7 de mayo aplazó el desarrollo del calendario de financiación.
- Reconocimiento legal posterior: La Ley catalana 5/2020 estableció un calendario de pagos decenal con carácter retroactivo desde 2012-2013, fijando 425€ por alumno y curso.
- Reclamación municipal: El Ayuntamiento reclamó la financiación correspondiente a los cursos 2014-2015 a 2017-2018, solicitando tanto el principal como los intereses de demora.
III. Cuestión de debate
La cuestión jurídica principal planteada ante el Tribunal Supremo, según el auto de admisión de 3 de julio de 2024, consistía en:
«Determinar si en los supuestos de determinación legal de una cuantía a abonar en concepto de subvención, establecida por una norma con rango de ley, procede el abono de intereses de demora en favor del beneficiario de la subvención desde la fecha de su solicitud, atendiendo a la falta de existencia de una cantidad vencida, líquida y exigible, o si su exigencia nace en el momento en que se produce el reconocimiento de la obligación derivado de la disposición legal que así lo establezca.»
IV. Ratio decidendi
1. Principio de disponibilidad presupuestaria en subvenciones
El Tribunal Supremo reafirma que las subvenciones públicas están sujetas al principio de disponibilidad presupuestaria establecido en los artículos 22.2.b), 28 y 34 de la Ley General de Subvenciones, requiriendo acto administrativo de reconocimiento previo.
2. Elementos constitutivos del derecho a intereses de demora
La sentencia establece como requisitos esenciales para el devengo de intereses:
a) Existencia de obligación principal vencida y exigible
b) Acto de reconocimiento administrativo de la subvención
c) Incumplimiento del plazo de pago tras dicho reconocimiento
3. Distinción entre obligación genérica y derecho concreto
El Alto Tribunal diferencia entre:
«El propósito del legislador de financiar determinadas actividades no se traduce en un derecho incondicionado de los beneficiarios a percibir determinadas sumas hasta que tenga lugar el desarrollo de la Ley mediante la determinación del calendario de financiación y la fijación de las concretas cantidades subvencionables, así como el acto de reconocimiento de la subvención.»
4. Aplicación del principio temporal en el reconocimiento de obligaciones
La sentencia consolida el criterio de que el momento relevante para el inicio del cómputo de intereses es el reconocimiento legal de la obligación, no la existencia previa de un marco normativo genérico.
V. Fijación de doctrina jurisprudencial
La sentencia establece como doctrina jurisprudencial:
«La exigencia del abono de intereses de demora en favor del beneficiario de la subvención surge desde el momento en que se produce el reconocimiento legal de la obligación, salvo que se haya ejercitado previamente una acción frente a la inactividad de la Administración, al amparo de lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y ésta no despliegue mediante actos de ejecución la obligación de subvencionar legalmente impuesta.»
VI. Conclusión
La sentencia equilibra los principios de legalidad presupuestaria con el de protección de los derechos de los administrados.
El Tribunal Supremo consolida un criterio restrictivo pero coherente: los intereses de demora en subvenciones legalmente establecidas solo son exigibles desde el momento del reconocimiento formal de la obligación, no desde la existencia de un marco normativo genérico que prevea la financiación.
Esta doctrina refuerza el principio de seguridad jurídica bidireccional: protege a las Administraciones de reclamaciones de intereses sobre obligaciones no formalizadas, mientras garantiza a los beneficiarios el derecho a intereses una vez producido el reconocimiento legal, siempre que concurran los demás requisitos legales.
La resolución clarifica definitivamente el régimen temporal de las subvenciones establecidas por ley, estableciendo un marco jurídico claro que evita la incertidumbre y facilita tanto la gestión administrativa como el ejercicio de derechos por los particulares.
