La crisis de acceso a la vivienda ya no es solo un problema económico: se ha convertido en un problema social que ha llevado a miles de personas a las calles en distintas ciudades españolas. El encarecimiento de los alquileres y de la vivienda, unido a una oferta que no crece al ritmo de la demanda, está dejando a cada vez más hogares ante una situación de dificultad para acceder o mantener una vivienda. El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, se ha convertido en uno de los casos más visibles de una problemática que ha alimentado las protestas y ha vuelto a situar la vivienda en el centro del debate público. Un problema que está lejos de resolverse. El hecho de que no salieran adelante los dos decretos del Gobierno evidencia la fractura existente entre las diferntes fuerzas políticas.
En cualquier caso, desde hace tiempo que las diferentes administraciones han puesto en marcha una batería de medidas para intentar revertir este drama social. Y en el caso valenciano, la Generalitat Valenciana ha depositado gran parte de su estrategia en el ‘Plan Vive’, con el que pretende impulsar cerca de 10.000 viviendas de protección pública durante la legislatura: 6.000 sobre suelo público y otras 4.000 en terrenos privados. Un programa, en colaboración público-privada, que llega al último tramo de la legislatura con algo más de la mitad de ese objetivo movilizado.
Este programa pivota sobre diferentes vías para sacar al mercado vivienda asequible, desde la promoción pública hasta la colaboración con empresas privadas. Pero hay una que se ha convertido en la principal herramienta para movilizar suelo público: la permuta a cambio de obra futura. Esta fórmula permite ceder parcelas públicas a promotores privados para que desarrollen las viviendas y, como contraprestación, las empresas entregan una parte de esas unidades a la Administración para ampliar sus parques públicos.
A día de hoy, bajo esta fórmula de la permuta se han adjudicado ya y están o en trámite de inicio de obras o en construcción 2.005 viviendas, según datos de la Conselleria. De ellas, 1.598 unidades son comercializadas por las adjudicatarias de los suelos y 407, el 20%, se quedarán en manos de las administraciones para engrosar los parques públicos y destinarlas a alquiler asequible. Todo dependerá del titular del suelo: o bien la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) o los ayuntamientos adheridos al plan.
Por tanto, esta primera fotografía refleja que una de cada cinco viviendas impulsadas mediante esta fórmula de la permuta pasará a formar parte del parque público o autonómico o local. A este volumen habrá que sumar las viviendas de las licitaciones que todavía están en marcha, que contemplan otros 1.100 inmuebles. En estos casos, sin embargo, el número final de unidades que recibirá la Administración dependerá de las ofertas presentadas por las empresas y de la valoración de cada concurso.
En cualquier caso, dentro del Plan Vive existen otros mecanismos que también sumarán viviendas al parque público. La permuta es la principal vía, pero no la única. Así, está la promoción pública del programa destinado a construir casas industrializadas en los municipios afectados por la Dana.
La primera fase consta inicialmente de 250 viviendas. De momento, ya se han adjudicado un centenar de unidades en Albal, Torrent y Utiel. La Generalitat prevé que tanto la redacción del proyecto como la ejecución completa de las obras se realice en un plazo de 12 meses, algo inviable con los sistemas convencionales, que además afrontan una fuerte escasez de mano de obra. Precisamente, la decisión de recurrir a la industrialización parte de la necesidad de acortar los plazos de producción y entrega, además de ahorrar costes, factores de especial relevancia en un contexto de máxima emergencia, ya que muchas personas perdieron su hogar tras la Dana y no tienen posibilidad de recuperarlo.
Por tanto, si se tienen en cuenta todas las vías del programa, el volumen de viviendas movilizado por el Plan Vive es mayor. Según los datos disponibles en la web de la Conselleria, en este momento están en alguna fase de tramitación o ejecución un total de 4.473 viviendas protegidas. En concreto, 1.199 inmuebles están en licitación, mientras que 1.887 ya han sido adjudicados a alguna compañía y están a la espera de iniciar obras, lo que refleja un volumen relevante de expedientes movilizados, pero aún pendientes de materialización. A ellos se suman 1.387 unidades ya en construcción, la fase que marca el pulso de la ejecución sobre el terreno.
