El abogado y CEO de Domina Legal, Carlos Primo, ha explicado la situación que está atravesando la emblemática Sala República. “Se ha producido un atropello porque el ayuntamiento de Mislata ha cogido y sin justificar nada entiende que hay un peligro para las personas y ha decidido cesar la actividad”, ha afirmado el responsable del despacho Domina Legal.
Al respecto, Carlos Primo ha indicado: “hay una licencia de actividad donde caben 200 personas, va una inspección y detecta 700. Aquí, la Generalitat Valenciana valida que la sala puede albergar 800 personas, pero hay una ley urbanística de Mislata que establece ese número tan bajo, pese a no tener las competencias”.
Además, el CEO de Domina Legal ha reivindicado: “la empresa tiene una OCA de actividad de 1.800 pero tenemos una restricción urbanística del ayuntamiento de Mislata que por acomodamiento lo ha puesto en 200 personas”.
En esta línea, el abogado ha afirmado: “el ayuntamiento ha hecho dos cosas. Ellos pueden en su labor de policía establecer un expediente sancionador, pero la Generalitat en sus 15 días no lo ha convalidado. Pero lo más grave de todo, es que la administración por decreto, decretó el cese de actividad y si no lo hacía lo sanciona”.
Por todo ello, Carlos Primo ha reivindicado: “la consellería ha incoado el expediente sancionador porque faltaba el seguro en expediente físico, pero dice que no hay riesgo sancionador ninguno para las personas”.
