El equipo técnico de Domina Legal se encuentra asesorando a agentes privados en la obtención de estos títulos jurídicos habilitantes.
Una veintena de municipios en la Comunitat Valenciana siguen torpedeando la implantación de proyectos fotovoltaicos en tierras valencianas. El problema no es nuevo, ya que, desde hace años, varios consistorios han suspendido la concesión de licencias de obras de plantas y parques solares ante el ‘boom’ de proyectos. Una situación que dejó en el limbo varias iniciativas que habían conseguido superar el resto de la tramitación, lo que llevó al gobierno autonómico a prohibir este bloqueo a través de la Ley de Simplificación Administrativa.
No obstante, y pese a que la norma entró en vigor en julio del pasado 2024, muchos ayuntamientos continúan negándose a cumplir o dilatan los plazos de concesión del permiso, provocando mucha inseguridad jurídica.
Un bloqueo que ha llevado al sector valenciano de las renovables a alzar la voz ante “esta injusticia”. Además, se trata de desarrollos que han conseguido el visto bueno de la administración y han superado todos los trámites administrativos, por lo que remarcan que «no está justificada esta paralización».
De hecho, algunos casos se han judicializado porque el retraso en la concesión del permiso constructivo, el último hito para la puesta en marcha de un proyecto, puede provocar la pérdida de conexión a la red, poniendo en jaque los avales millonarios que han depositado los promotores para poder llevar a cabo la actuación.
Desde el sector, manifiestan:
«Es injusto que expedientes que se iniciaron en 2019 y han superado todos trámites, ahora, cinco años después, se les cambie las reglas del juego y el ayuntamiento modifique los criterios para impedir la ejecución de los proyectos. Otra cosa son los que entran nuevos, pero los que ya están en tramitación no se les puede exigir nuevas condiciones».
Y ello, pese a que la Ley 6/2024 de simplificación administrativa recoge en su articulado la prohibición de la suspensión de licencias. «Los ayuntamientos no podrán adoptar la suspensión general de tramitación de licencias prevista en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP) para la implantación de instalaciones fotovoltaicas en ningún caso«.
Por lo general, y según la normativa, el plazo máximo para la concesión de licencias para iniciar la construcción de un parque es de dos meses, pero de media se están alcanzando hasta los ocho. La gravedad radica en que estos proyectos deben cumplir con unos hitos y si se demoran los plazos, el perjuicio económico puede hacer peligrar la viabilidad de las empresas.
De esta manera, «los ayuntamientos están obligados a dar las licencias si el proyecto cuenta con el visto bueno administrativo y tienen favorable la compatibilidad urbanística«.
