En este caso, el despacho ha defendido los intereses de un Ayuntamiento al cual se le reclamaba un importe de 200.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por el presunto daño patrimonial sufrido por la demandante.
El Juzgado de lo contencioso administrativo 4 ha validado las tesis defendidas por el equipo jurídico de Domina Legal.
Así, en primer lugar, declara la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial. Reconoce que la mercantil demandante era conocedora de los daños causados desde el momento en que no se obtuvieron las licencias necesarias, por lo que el plazo para reclamar había expirado.
En segundo lugar, califica los daños como permanentes y no continuados. La razón es que una vez producido el hecho causante, los daños podían ser cuantificados, ya que equivalían a las rentas mensuales no percibidas. El Juzgado explica que, aceptar la tesis de los actores, supondría que el plazo no acabaría nunca.
Aunque aprecia el motivo de inadmisión, también se pronuncia sobre del fondo de la cuestión. Dice que no hay un nexo de causalidad entre los daños invocados y el funcionamiento normal o anormal de un servicio público.
