La crisis de la vivienda en la mayoría de grandes ciudades españolas ha llevado a muchas administraciones a tomar medidas para intentar rebajar la tensión en el mercado inmobiliario. En la Comunitat Valenciana, el ‘Plan Vive’ es el proyecto estrella de la Generalitat Valenciana para conseguir aumentar la oferta asequible, descongestionar la demanda y ofrecer una solución a buena parte de la ciudadanía que no puede acceder a una vivienda con los precios actuales.
Su modelo se basa en la movilización del suelo público, tanto autonómico como municipal, a través de la colaboración con el sector privado para el ambicioso objetivo de construir 10.000 viviendas esta legislatura. Una cifra que, en el ecuador de la legislatura, deja claro que alcanzar el objetivo no será tarea fácil.
Por el momento, la vía preferida para cumplir este hito ha sido la permuta a cambio de obra futura. Es decir, la Generalitat entrega unos terrenos a las empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas de esos proyectos, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. Esta fórmula es la que está tirando de este plan, aunque también ha habido otras vías menos exitosas, como la cesión de derechos de superficie, por la cual la administración entregaba suelo a los agentes privados para construir vivienda de alquiler asequible durante un periodo de tiempo determinado, pero siempre manteniendo la propiedad de los inmuebles.
Por tanto, actualmente, el ‘Plan Vive’ está cimentando su desarrollo en las permutas. Y, por el momento, con este método ya se han movilizado más de una treintena de solares en diferentes puntos de la geografía española, que permitirán levantar cerca de 1.770 viviendas.
Este volumen de más de 1.700 unidades es el que está adjudicado y pendiente de la concesión de licencias para el inicio de las obras, por lo que su salida al mercado no será inmediata. Paralelamente, hace un mes que se ha abierto la licitación de otras seis parcelas en los municipios de El Puig de Santa María, Manises y València que permitirá la construcción de más de 300 viviendas de protección pública. En suma, en estos momentos en permutas hay 2.000 viviendas en tramitación, pero sin empezar las obras.
Ante esta situación, desde el sector se reclama más celeridad en la salida de nuevos solares y su adjudicación, dado que los dilatados plazos constructivos, de cerca de 18 meses, sumado a los tiempos de baremación de las ofertas impiden que las obras vayan a estar listas para final de legislatura. No solo eso, sino que al ritmo actual lo más previsible es que, incluso, gran parte de los trabajos se encuentren en una fase incipiente.
En cualquier caso, lo que es un hecho es que se han reactivado suelos en la región y, por tanto, nuevas promociones. Todas ellas, además, de protección pública, VPO, aunque su destino final dependerá del promotor: podrán ser o bien para alquiler asequible o compraventa. Lo que sí ha quedado fijado es que un importante volumen de esos inmuebles se los quedará la Administración valenciana, concretamente la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), en concepto de permuta. Así, de esas 1.770 viviendas adjudicadas, unas 300 unidades irán a la ampliación del parque público previsiblemente de alquiler asequible.
El éxito de las permutas reside en que, por un lado, a la Administración le permite contar con vivienda terminada para el parque público de forma más rápida, a la vez que se promueve la actividad constructora y promotora en la región. De este modo, se entregarán suelos públicos a promotores a cambio de vivienda terminada.
Sin embargo, en un primer intento no fue la primera opción escogida por la Administración. Siguiendo la estela de lo que se había hecho en otras legislaturas, la Conselleria utilizó el modelo de la cesión de derechos de superficie, por la cual entregaba suelo a los agentes privados para construir vivienda de alquiler asequible durante un periodo de tiempo determinado, pero siempre manteniendo la propiedad de los inmuebles.
