La crisis de la vivienda se ha consolidado como uno de los principales problemas sociales en España, dejando a muchas familias sin acceso a un hogar.
El encarecimiento constante de los precios, se combina con una oferta insuficiente y una demanda al alza, impulsada por el turismo y la compra de viviendas por parte de extranjeros. Esta presión creciente ha convertido el acceso a la vivienda en una barrera cada vez más infranqueable, que amplía las desigualdades y condiciona seriamente el proyecto de vida de miles de personas.
Ante esta situación, la Generalitat Valenciana diseñó a principios de esta legislatura una estrategia para revertir esta problemática. El plan, denominado ‘Vive’ —con un modelo muy similar al impulsado por la Comunidad de Madrid, incluso en el nombre— contempla la promoción de 10.000 nuevas viviendas públicas: 6.000 en suelos públicos y 4.000 en terrenos privados. Todo ello con la colaboración del sector privado, que aporta la capacidad técnica y financiera necesaria para desarrollar este tipo de proyectos a gran escala.
Para ello, se articuló toda una serie de mecanismos de colaboración-público privada, así como se reformó la norma que regula la vivienda de protección pública en la región, anteriormente conocida como VPO, para poder reactivar una tipología de viviendas que se había paralizado en los últimos años en la región.
La operación jurídica funciona de la siguiente manera. La Generalitat entrega unos terrenos públicos a las empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas de esos proyectos, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. Por ahora, de esas más de 1.700 VPO adjudicadas, el gobierno autonómico recibirá unas 300 unidades para incorporar a su parque público.
A este volumen hay que sumar otras 221 viviendas protegidas que se adjudicó Culmia en un concurso de derechos de superficie. En este caso la administración cede un suelo a los agentes privados para construir vivienda de alquiler asequible durante un periodo de tiempo determinado, fijado en 55 años prorrogables 20 más, pero siempre manteniendo la propiedad de los inmuebles. Las obras están en marcha y serán 104 viviendas en València y otras 117 en Benidorm.
Por otro lado, este año el sector privado ya ha solicitado la calificación provisional de 1.200 viviendas promovidas por la iniciativa privada. De hecho, como publicó este diario, de acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de enero a junio de este 2025 se han concedido 883 calificaciones provisionales, mientras que en todo el pasado año 2024 fueron 902, solo 19 menos a falta de seis meses para concluir el ejercicio. Cabe recordar que este trámite es el paso previo hasta que los servicios autonómicos estudian la propuesta para ver que se cumple con los requisitos para la calificación definitiva.
