Talvion, Grupo Ática, Atitlan o Civicons son algunas de las firmas inmobiliarias que han presentado oferta a la licitación de suelo público de la Generalitat Valenciana para la construcción de más de 300 viviendas de protección pública mediante el sistema de permuta, en los municipios de El Puig de Santa Maria, Manises y València.
Se trata de nuevas bolsas que ha movilizado la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en el marco del Plan Vive, y a través de la colaboración público-privada, con el objetivo de construir 10.000 nuevas viviendas VPO durante esta legislatura.
En concreto, la Conselleria licitó tres lotes, uno por cada municipio, con un total de seis solares. Hace unos días finalizó el plazo de presentación de ofertas, que concluyó con la propuesta de ocho firmas, algunas optando a diferentes paquetes. De las seis parcelas licitadas, tres están ubicadas en El Puig de Santa María, municipio que concentra la mayor parte de viviendas, con unas 264 aproximadamente, según consta en la Plataforma de Contrataciones del Estado.
El ‘Plan Vive’ es el plan del Consell para levantar 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura en la autonomía valenciana. Uno de sus ejes es la colaboración público-privada para la movilización del suelo público disponible y, por el momento, la fórmula preferida para cumplir este hito ha sido la permuta a cambio de obra. Con esta fórmula, la Generalitat entrega unos terrenos públicos a las empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas terminadas de esos proyectos, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. Por tanto, permite, por un lado, a la Administración contar con vivienda terminada para el parque público de forma más rápida, a la vez que se promueve la actividad constructora y promotora en la región.
De hecho, bajo esta vía, como ha ido contando este diario, ya se han adjudicado 1.770 viviendas de las 2.000 unidades que están en tramitación, aunque sin empezar obras, en más de una treintena de solares públicos en diferentes puntos de la región. De ese volumen, el gobierno autonómico recibirá unas 300 unidades para incorporar a su parque público.
