La vivienda protegida comienza a despertar en la Comunitat Valenciana. Las solicitudes para desarrollar promociones bajo esta tipología se dispararon el pasado año 2025, alcanzando niveles máximos de la última década. Un repunte que marca un cambio significativo frente a años anteriores, en los que la promoción de viviendas de protección pública (VPP), antiguamente conocidas como VPO, era residual en la región.
Aunque todavía quedan años para que estas promociones se levanten y entreguen, este impulso supone revertir la fotografía actual y generar nueva oferta habitacional a precios asequibles y tasados, algo imprescindible en un momento de máxima emergencia habitacional en el mercado de la vivienda en España.
Según se desprende de la estadística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en 2025 las peticiones de calificación provisional de viviendas protegidas se doblaron en la autonomía valenciana, pasando de 902 en 2024 a 1.837 en 2025, muy lejos de las 145 registradas en 2015. Cabe recordar que este trámite es el paso inicial que reconoce a un inmueble como protegido hasta que los servicios autonómicos revisan la obra ya finalizada para ver que cumple con los requisitos para la calificación definitiva.
De hecho, la evolución de la última década evidencia un cambio de tendencia en la Comunitat Valenciana. Así, de acuerdo con la estadística, en 2014 se registraron 126 solicitudes de calificación provisional, cifra que aumentó ligeramente hasta las 145 en 2015. En 2016 se produjo un notable salto hasta las 352 solicitudes, mientras que fueron 268 en 2017 y 573 en 2018. La tendencia alcista continuó en 2019, con 672 solicitudes, aunque en 2020 la cifra descendió a 495, probablemente por la pandemia de la covid y la ralentización del sector.
Desde el sector, achacan parte de estas cifras a la necesidad de ofrecer oferta asequible y al impulso del Plan Vive, el proyecto estrella de la Generalitat Valenciana para levantar 10.000 unidades durante esta legislatura: 6.000 en suelos públicos y 4.000, en privados. Una iniciativa que recurre a la colaboración público-privada para la movilización de suelo. La fórmula preferente está siendo la permuta a cambio de obra futura, es decir, la Generalitat entrega terrenos a las empresas adjudicatarias para que desarrollen las promociones y, a cambio, recibe un número determinado de viviendas de esos proyectos, que pasan a incorporarse al parque público de vivienda asequible.
Hasta ahora, según datos de la patronal Feprova, alrededor de 2.800 viviendas ya han sido adjudicadas, lo que equivale a cerca del 28% del objetivo total de 10.000 viviendas fijado para la legislatura. En paralelo, el programa mantiene todavía unas 1.510 viviendas licitadas pero pendientes de concesión.
De hecho, según los datos del Ministerio, de estas 1.837 peticiones de calificación provisional, el grueso son proyectos impulsados por el sector privado: 1.622 VPO, el 88%.
No obstante, la tensión geopolítica mundial, recrudecida por el conflicto bélico en Oriente Próximo, amenaza con encarecer la obra nueva y agravar el acceso a la vivienda. Desde la Federación de Empresas Promotoras y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova) advertían de que el mayor riesgo está precisamente en la vivienda asequible.
